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En Chile, aplican desde el 2009 las normas de responsabilidad penal sobre personas jurídicas, pero sólo el 25% de las grandes empresas ha implementado áreas de compliance que verifique su efectividad.

En el último día que tenía de plazo para las facultades delegadas (el 6 de enero de 2017) el gobierno de PPK publicó un decreto legislativo que ampliaba la responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Se amplió a más delitos tipificados en el Código Penal, delitos de lavado de activos y otros relacionados a minería ilegal y crimen organizado.

Se trató del decreto legislativo 1352 que modifica los artículos de la Ley N° 30424 que ya regulaba la responsabilidad administrativa de las empresas, pero solo por el delito de cohecho activo transnacional.

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Autor: Reiner Díaz, Gestión – El Diario de Economía y Negocios de Perú.

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