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De acuerdo a un informe de respuestas para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en su trabajo anticorrupción, Chile admitió deficiencias en protección a quienes denuncian corrupción. Entre las respuestas, se indica que en Chile no existe una ley para su protección ni tampoco el concepto legal de este rol. Y mientras sí existe una protección administrativa que se aplica a los funcionarios públicos, no hay un símil para el sector privado.

En cuanto a las medidas de protección, aunque se ofrece seguridad frente a represalias, confidencialidad y protección personal, no existe el anonimato.

¿El desafío? Se encuentra en lograr seguridad completa para cada víctima o testigo. En detalle, estos apuntan a optimizar las medidas de protección, para cumplir con los riesgos generados, y «a un presupuesto limitado para responder a todos los requerimientos».

El documento agrega que también se debe «asegurar que las instituciones del Estado colaboren efectivamente en la satisfacción de los requerimientos, por lo que es necesario trabajar juntas y coordinadas».

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