La prisión preventiva de cinco ejecutivos peruanos, todos ellos relacionados a tres de las principales empresas del sector — Graña y Montero (G&M), JJC e ICCGSA–, marcará un antes y un después en la historia de los negocios en el país.
Las tres grandes constructoras enfrentan nuevos posibles escenarios en los que podrían quedar severamente afectadas. Ello llegaría a afectar a la economía del país particularmente a través del deterioro de la cadena de pagos. Es el fin de una era.
Tres son las consecuencias que enfrentarán G&M, ICCGSA y JJC. Perderían participación de mercado ante jugadores extranjeros y otras constructoras peruanas que no ocupen titulares relacionados a Lava Jato, tenderán a reducirse –ya sea por ventas de participaciones o de activos–, y los funcionarios públicos evitarán firmar contratos con ellas, aunque no estén impedidas de contratar con el Estado (SE 1551).
A los efectos se agrega una contingencia legal más palpable que antes: mientras no se cierre el caso, las empresas pueden estar sujetas a asumir alguna reparación civil, y ello complica la valorización de sus activos. “El riesgo de postergación o etapa de indefinición de ventas ha crecido”, comentó Víctor Alburqueque, director de análisis sectorial de APOYO Consultoría.
Incluso en el sector privado, podría reducirse la posibilidad de que sean contratadas al mismo ritmo que antes, especialmente con empresas extranjeras. “Las empresas tienen due diligence. Si una empresa [proveedora] es riesgosa por un tema reputacional, algunas empresas podrían decidir no contratarlas luego del due diligence, y otras empresas, tal vez las estadounidenses, podrían decidir hasta ni siquiera revisar la empresa”, comentó Susana Sierra, socia de la firma chilena BH Compliance.
