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El Tecnológico de Monterrey presentó su estudio sobre las Fiscalías Anticorrupción del actual gobierno. La pregunta con la que el proyecto arranca es ¿En verdad la autonomía de las Fiscalías Anticorrupción garantiza una disminución del problema? En un primer momento, la conclusión a la que llega la investigación es que esto no ocurre necesariamente de esa forma.

El trabajo comienza por recordar por qué la corrupción es un problema tan grave para México. La iniciativa de Transparencia y Anticorrupción afirma que el costo estimado de este tipo de delitos es de 347,000 millones de pesos anuales, que representan del 5 al 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020 de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 124 de 180, donde la primera posición la ocupa el país mejor calificado. Aunque mejoró por 6 posiciones respecto a la edición anterior del IPC, sigue ocupando un lugar preocupante.

En la investigación dirigida por el Tec de Monterrey, se tomaron en cuenta tres criterios para calificar el estado de las 33 fiscalías anticorrupción que se encuentran a lo largo de la República Mexicana: Autonomía, Eficacia y Transparencia.

Como se aclaró en la rueda de prensa para presentar la investigación, la transparencia fue uno de los principales retos a la hora de realizar el estudio. Las y los académicos que realizaron las consultas de información a las fiscalías se encontraron con que 20 de ellas dieron respuestas deficientes, es decir, se trata de “Entidades que no respondieron a la solicitud de información y/o de las cuales su respuesta en tan deficiente que reprueban en acceso a la información”.

Por otro lado, 11 fiscalías dieron respuestas “aceptables”, “que respondieron parcialmente y/o que habiendo contestado toda la solicitud su respuesta no fue otorgada en formato de datos abiertos”. Y finalmente, sólo dos fiscalías respondieron completamente a las solicitudes en formato de datos abiertos para que fueran utilizados de manera ágil y correcta por las y los investigadores.

Respecto a la autonomía de las fiscalías, según los 12 criterios que se explican a detalle en el portal del estudio, el promedio nacional es de 5.78 puntos de los 12, que sería el mayor puntaje. La entidad peor calificada en este rubro es la de Coahuila, que cumplió únicamente con uno de los 12 criterios de autonomía. La fiscalía con mejor calificación fue Campeche con 10 de los 12 puntos, y le siguen con ese mismo puntaje Jalisco, Veracruz y la Fiscalía Federal.

Con sólo 2 de los 12 criterios de autonomía, empatan en los últimos lugares las fiscalías de Oaxaca, Nayarit, Ciudad de México y Baja California Sur.

Sobre la efectividad de las fiscalías, la manera en que se evaluaron es según el número de denuncias que reciben y cuántas de estas llegan a algún tipo de sentencia. En ese sentido, la entidad mejor evaluada fue Michoacán con 9 sentencias (de las 165 denuncias recibidas), y con 6 sentencias empataron Zacatecas (583 denuncias) y Tamaulipas (174 denuncias). Luego, con 3 sentencias están Nuevo León y Sonora; con 2 sentencias Puebla y Sinaloa; finalmente, con una sentencia están Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

El resto de las fiscalías o no han llegado a ninguna sentencia, o no respondieron a las solicitudes de información de los y las investigadoras.

Algunas de las conclusiones a las que llegó la investigación son que sólo 0.19% de las denuncias llegan a una sentencia. Del total de 17,873 denuncias que lograron registrar (pese a la falta de respuesta de muchas de las fiscalías) sólo en 34 hubo sentencias condenatorias ejecutadas distribuidas en 7 de las 33 fiscalías del país.

Fuente: Infobae

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