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La OCDE considera que Perú tiene que llevar a cabo una sensibilización activa sobre los riesgos de la corrupción transnacional de todas las autoridades y de las partes implicadas para reforzar la aplicación de los textos sobre ese tipo de infracciones.

En un comunicado publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide en particular que se proteja a los fiscales de «cualquier medida injustificada» para retirarlos de un caso de corrupción que estén investigando.

También que se reduzca el número de jueces y fiscales temporales y supernumerarios; que se proteja a los que denuncian este tipo de prácticas y que se mejore la coordinación y el seguimiento de las peticiones de cooperación judicial por parte de otros países.

Estas recomendaciones son consecuencia del fin de llamada fase dos de la evaluación de Perú sobre la aplicación del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que ha llevado a cabo el grupo de trabajo de la Organización dedicado a esa cuestión.

Los miembros del grupo de trabajo insisten en que Perú debe informar mejor de este tipo de infracciones, «en particular a las autoridades judiciales, a las autoridades represivas y a las autoridades públicas competentes, así como al sector privado».

Admiten que hay «ciertos aspectos positivos» en su acción contra la corrupción internacional, y en concreto se refiere a que el equipo especial que investiga el escándalo de «Lava Jato» ha dado lugar a acciones contra «un gran número» de políticos y funcionarios de alto nivel.

Y ponen el acento en que para que se pueda llegar hasta el final, Perú tendrá que «mantener los recursos y el apoyo que da al equipo especial».

Una vez publicadas las conclusiones del grupo de trabajo Perú dará cuenta de las medidas que ha tomado en respuesta a sus recomendaciones, primero de forma oral en junio de 2022 y luego en junio de 2023 mediante un informe escrito que se hará público.

Perú no es miembro de la OCDE, pero es uno de los 44 países que han ratificado la convención sobre la corrupción transnacional (lo hizo en 2018), que potencialmente está abierta a todos los del mundo.

Fuente: Swissinfo

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