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El Ministerio Público de Argentina inició la fase de alegatos contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, quien está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública, en el conocido como Caso Vialidad.

La Fiscalía afirmó que Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, crearon “una de las matrices más extraordinarias de corrupción” durante sus mandatos.

El fiscal Diego Luciani, quien dirige la investigación, dijo que tienen por acreditado que, entre 2003 a 2015, funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal” que tuvo “en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”.

Para Luciani, es central la relación que mantuvieron los Kirchner con el empresario Lázaro Báez, quien fue detenido en 2016 por acusaciones de corrupción, y quien se habría beneficiado con la construcción de 51 obras públicas, en la provincia de Santa Cruz, a través de sus empresas, a pesar de no contar con experiencia en construcción de caminos. Se acusa, que estas empresas fueron usadas para defraudar las arcas públicas.

El fiscal sostuvo que la asociación ilícita utilizó las licitaciones para que las ganara casi todas Báez, con sobreprecio, siendo además, incumplidas casi en su totalidad. Además, se refirió a la «capacidad de acción», la «perpetuación en el tiempo» y a «la ausencia de controles» por parte de los funcionarios, y que en su gestión se «creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» en paralelo a las funciones de la administración.

En el tercer día de alegatos, la fiscalía involucró en este caso a Máximo Kirchner, hijo Cristina Fernández y Néstor Kirchner. En la ocasión, el fiscal Luciani mostró nuevos mensajes del teléfono del exfuncionario José López, para decir que “está más que clara la intervención directa” de Máximo Kirchner, del que recordó que hasta diciembre de 2015 no había ejercido cargos públicos, pero sí se “encontraba al frente de la administración de los distintos negocios de su madre”.

Cabe destacar que, el juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto este año.

En la cuarta jornada, la defensa de la vicepresidenta Fernández, presentó formalmente su pedido de recusación contra el fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los miembros del tribunal que lleva el juicio del Caso Vialidad. Esta presentación -minutos antes de que se iniciara la cuarta audiencia de alegatos- impactó en la reanudación del debate, dado que los abogados de otras partes anunciaron que se sumarán a ese planteo.

El pedido de recusación se basó en la presunción de que ambos serían amigos entre sí e integrarían un equipo de fútbol que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, como publicó el diario Página/12.

Imagen: Wikipedia

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