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El llamado al Estado colombiano para que se avance decididamente en la adopción de medidas efectivas de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción reiteró Transparencia por Colombia. 

El pronunciamientos se da después de la eliminación del capítulo entero sobre la protección a denunciantes de corrupción del proyecto de ley 341 en el primer debate de Comisión Primera del Senado el pasado 8 de junio.

«La denuncia es una pieza fundamental de las estrategias exitosas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, depende de la existencia de condiciones favorables para realizarla, y en particular de medidas efectivas de protección contra las represalias», señaló Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de la entidad.

De igual manera, Transparencia por Colombia recordó que hace exactamente un año, la Cámara de Representantes rechazaba el proyecto de Ley 008 de 2019 llamado Pedro Pascasio Martínez, que fortalecía los mecanismos de denuncia y de protección.

Dicha iniciativa fue retirado en 2020 con la excusa de dar paso al 341, que ahora es cercenado en uno de sus puntos más importantes. «La historia se repite», reitera la entidad.

«Es indispensable considerar los reportantes y denunciantes de corrupción como un grupo en condición de vulnerabilidad, y por ende, es necesario adelantar una protección jurídica específica e integral, tal como lo ha expresado Transparencia por Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», agregó.

Además, recordó que el país se ha comprometido a fortalecer mecanismos de denuncia y medidas de protección al adoptar distintas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. 

«Es importante recordar que luego de la Consulta Anticorrupción se radicaron múltiples proyectos de ley que hacían mención al tema, pero ninguno tuvo trámite legislativo. A la fecha, Colombia no cuenta con legislación específica en la materia», indicó Transparencia por Colombia.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso a fortalecer su compromiso con la protección a los denunciantes de corrupción, y retomar con urgencia una propuesta de legislación en esta materia.

«Fallar a este compromiso posiblemente implicará que en la práctica se hayan perdido otros cuatro años de gobierno y de periodo legislativo sin avances en una de las piezas clave de la lucha contra la corrupción», concluyó. 

Fuente: El Nuevo Siglo

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