Renunció el Director General de Carabineros, Bruno Villalobos, y en paralelo, lo hizo el ex Fiscal del Caso Caval, Luis Toledo. El mismo día que asumió el presidente Sebastián Piñera Villalobos y Toledo recibieron sendas señales, confirmando que tenían comprometido su futuro y que debían salir de la escena política a la cual se estaban exponiendo.
La renuncia de ambos parece tardía y antojadiza. Pudieron haber materializado sus dimisiones en el minuto que fueron analizadas por el gobierno anterior. Al no hacerlo, generaron un daño político-institucional innecesario en la última etapa del gobierno de Michelle Bachelet.
Me detengo en este tipo de daño porque ambas situaciones tienen en común el tinte de corrupción que subyace en ambas actuaciones. Las responsabilidades del mando en cuanto al destape de los hechos de fraude al fisco y corrupción de altos funcionarios de Carabineros era razón suficiente para que el Director General hubiera cesado en su cargo -voluntaria o involuntariamente- y dar paso a un proceso más transparente de investigación e incluso propuestas de mejoras en los procedimientos financieros al interior de la institución.
Toledo también pudo haber hecho lo suyo al minuto que fue propuesto con su anuencia como Notario Público de San Fernando, ya que se sabía que mientras estuvo a cargo del caso siempre evitó formalizar al hijo de la presidenta Bachelet, cosa que hoy está haciendo el nuevo Fiscal a cargo del caso Caval, Emiliano Arias.
Es de esperar que estas experiencias sirvan de ejemplo para las autoridades entrantes, y que, en caso de producirse algún escándalo de corrupción, sepan dar un paso al lado y dejar que las instituciones hagan su trabajo. Es de esperar también que el gobierno de Sebastián Piñera realice modificaciones a la legislación vigente y respalde e impulse las iniciativas legales que permitan aumentar las penas a los delitos de cohecho y de sobornos para así generar un cambio institucional pro transparencia.
Por Susana Sierra
Fuente: La Tercera
