Publicada en La Tercera
Salieron nuevas condenas en el caso Penta y la sensación de impunidad y pesimismo se instala en la mayor parte de la ciudadanía. Los comentarios suelen ser parecidos: cuando no hay penas de cárcel ligados a delitos por corrupción queda una percepción de injusticia que es más bien homogénea.
Gracias a la prensa, sabíamos cómo se configuraba el escenario para Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería, quien fue acusado y condenado bajo el delito de incremento injustificado del patrimonio y delitos tributarios y no bajo el delito de cohecho, como lo estimaba el Consejo de Defensa del Estado.
Los reproches iban directamente al fiscal Manuel Guerra, quien llevaba la causa luego de la renuncia de los expersecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Sin embargo, la problemática del caso no recae en qué fiscal llevaba la indagatoria, sino en la dificultades del Ministerio Público para probar el cohecho que se perfiló en algún momento, un delito muy difícil de comprobar y que en la investigación concretamente no se podía asegurar. Definitivamente no podemos pensar que la Fiscalía no hizo su trabajo -personalmente quiero creer que el organismo persecutor hizo todo lo que estuvo a su alcance en la investigación- Debemos creer en las autoridades y en la justicia, de lo contrario nos espera una crisis institucional como la que viven países como México o Perú.
Es cierto, el final del caso deja a muchos descontentos y con una percepción distinta. Pero más allá de coincidir o no con el Ministerio Público, el llamado es a pensar en el futuro, en hacer todo lo posible porque casos de financiamiento irregular de la política no vuelvan a ocurrir. Para eso debemos prevenir y aparentemente vamos en esa dirección.
Actualmente algunas empresas están tomando conciencia y se están resguardando, mientras esperamos que el resto del sector privado haga lo mismo; los casos sobre el financiamiento ilegal de la política marcaron un antes y un después en las compañías, los directores saben que si hay delito en la empresa que dirigen la ciudadanía se encarga de castigar duramente, por lo que la mayoría no está dispuesta a pagar el costo reputacional. Es verdad, hasta ahora no hay penas de cárcel para quienes cayeron en el financiamiento irregular de sus campañas, pero el castigo social fue mucho más grande.
Ahora, viendo el vaso medio lleno, las lecciones que debemos sacar tienen que ver con que aún no perdemos la capacidad de asombro ante la corrupción. Parte de los privados están adoptando programas de cumplimiento y los gremios se han puesto el propósito de tener buenas prácticas corporativas. Además el gobierno presentó una agresiva agenda de probidad haciéndose cargo de la problemática social.
Y ahora que muchos se han atrevido a denunciar abusos, es hora que el mundo empresarial también saque la voz. Ya basta de pensar en que vamos a herir sensibilidades. El sector privado tiene un rol importantísimo a la hora de prevenir la corrupción y contagiar a sus pares para dejar prácticas irregulares de lado. No esperemos que por la mala conducta de algunas compañías surjan ideas de expropiar la propiedad privada.
