La experta dice que estamos en un punto de inflexión, donde la forma de recuperar la confianza es que se apliquen las sanciones que correspondan, en todo nivel.
Desde San Francisco (EEUU) y ad portas de la APEC CEO Summit, la directora ejecutiva de BH Compliance y ex presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, escuchó y analizó detalladamente el audio revelado por la publicación de Ciper Chile y en entrevista con DF fue igual de categórica que el resto de sus pares de Women in Compliance, que este miércoles emitieron una declaración pública condenando lo que calificaron de «alarmantes sucesos».
¿Escuchó el audio completo? ¿qué es lo que más le llamó la atención en relación a las prácticas mencionadas?
Muy temprano esta mañana lo escuché. Lo que me dejó en shock y me sentí -incluso- ingenua es que nunca pensé que hubiese una corrupción tan arraigada en algunos funcionarios de organismos públicos. Los audios se referían a algunas personas a quienes se les pagaba con tarifas de mercado y no solo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sino en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A ello se agrega que no es algo que ocurra ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo en instituciones que uno veía como las más sólidas de Chile, como SII y la CMF. Eso es lo que más me llama la atención en relación a los sobornos, pero también hay otras aristas más desapercibidas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, lo de las boletas ideológicamente falsas. En el audio hacen una lista completa de las sociedades, que obviamente hará que investigar si corresponden o no, porque puede haber algunas que no necesariamente tengan esa característica, ni todos los que salen mencionados estén involucrados. Pero llama la atención que todavía veamos que sigue siendo una práctica muy común, el pasarse facturas entre un grupo de conocidos.
¿A qué atribuye que las prácticas a las que se refiere no se hayan terminado después de un escándalo como el del financiamiento irregular de la política?
Evidencia que no ha habido un compliance adecuado, por ejemplo, en el SII. No se entiende que no haya emitido una alerta antes…. Hay cosas que deberían hacer dudar, particularmente de la sociedad que emitía las facturas, por ejemplo. Tal vez falta mayor regulación, sobre todo en el tema de las facturas.
¿Hasta qué punto esto pone en entredicho el compliance del sector público?
Lo que vemos en el mundo público, con este tipo de casos es que no existen controles cruzados, se hacen tratos directos, no existe una fiscalización, o a veces una persona a cargo de todo y sin tener un check & balance. Eso lo vemos con el caso convenios, más allá de inventar una ley, nadie controló lo que pudieron hacer.
¿Falla la regulación o la fiscalización?
Lo que falla no es la regulación. Hoy tenemos una ley de Delitos Económicos que es muy potente y que tiene penas muy duras frente a un delito tributario, como es lo que pasa acá. Pero también nos damos cuenta que la ley no es suficiente. En este caso, al escuchar los audios, eso no es un tema. Incluso se refieren al caso Penta y al riesgo de que exista un Hugo Bravo que los pueda delatar… En el fondo tenían una estrategia para que esto no se filtrara, no para enfrentar las posibles consecuencias. Si los pillaban hablaban de irse a Jamaica, lo que te indica que les daba lo mismo la ley.
Pensando en lo que viene, ¿Qué pasos hay que dar para frenar este tipo de situaciones? ¿Será suficiente la puesta en marcha de la nueva ley de Delitos Económicos?
La ley per se no va a impedir que este tipo de situaciones se den a futuro, pero sí va a impedir que cuando ocurran, los culpables no vayan a clases de ética. Lo que hay de fondo es que exista una ciudadanía que entienda que estas cosas pasan, pero que esté alerta.
Hay que entender que en Chile, nuestro principal problema es que cerramos los ojos por muchos años, diciendo que no existían este tipo de prácticas, que acá no pasaban. Esto siempre ha pasado, pero qué bueno que se descubra, y que estemos escandalizados como sociedad.
Lo que veo también es que estamos en un punto de inflexión muy importante de qué es lo que va a pasar.
¿En qué sentido?
Esto puede destruir la confianza, pero lo que viene ahora es ver si se recupera o no y eso va a depender de si efectivamente el SII hace su investigación, encuentra y saca al funcionario en cuestión, hace una limpieza y pone más control al interior de su plantilla, si la CMF hace lo mismo y si el Ministerio Público hace un caiga quien caiga, y el Colegio de Abogados termina por cancelar la colegiatura a (Luis) Hermosilla. ahí la ciudadanía va a decir: aquí las instituciones están funcionando.
Fuente: Diario Financiero
