Tras conocerse el audio en que el abogado Luis Hermosilla habla de supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el foco se ha volcado sobre qué medidas se pueden tomar hacia adelante para prevenir casos de corrupción dentro de las instituciones fiscalizadoras de delitos económicos.
Dentro de las propuestas de los expertos está ampliar la nueva Ley de Delitos Económicos, promulgada en agosto, y que endurece las penas para las personas y empresas. Sin embargo, Jaime Preiss, socio de la consultoría legal tributaria en CCL Auditores Consultores, afirma que el enfoque principal de la normativa es el sector privado, y no el público. En ese sentido, en este último la responsabilidad de las conductas delictuales sigue estando «prácticamente solo a nivel del funcionario público que participó en el delito».
Preiss indica que se podría evaluar «extender la responsabilidad a los cargos directivos de las agencias fiscalizadoras cuandono ha existido un debido control interno de los funcionarios, incentivando con ello justamente un mayor control previo a la conducta ilícita».
Modelos de cumplimiento
La Ley de Delitos Económicos también destacó la importancia delos modelos de cumplimiento o compliance en el sector privado. De la misma manera, Rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance, afirma que es fundamental «instaurar sistemas de este tipo a nivel público, como ya se viene haciendo en el mundo desarrollado». Añade que el Estado debería implementar «sistemas robustos de prevención. Lo único que ha logrado ser efectivo, dice la evidencia, son los entornos de integridad corporativa. Y es clave la mejor gestión de los riesgos penales».
Una propuesta, señala Preiss sería incorporar modelos de prevención de delitos a nivel de las agencias fiscalizadoras, implementando cargos como el oficial de cumplimiento de los modelos. De esta forma, podrían compartir la carga de la Contraloría General, en forma interna, a nivel de cada institución.
Sobre la implementación de modelos de prevención, Susana Sierra, CEO de BH Compliance, detalla que para este fin se necesitaría «efectuar capacitaciones periódicas a sus empleados, contar con buenos mecanismos para detectar posibles malas prácticas y, especialmente, implementar controles cruzados. Nunca se debe dejar todo en manos de una misma persona, porque concentrar todo el poder favorece a una sensación de impunidad».
Además, destaca la importancia de los canales de denuncia. «Para que funcionen bien deben ser anónimos y proteger al denunciante, porque es la mejor forma para que las autoridades o quienes están arriba en la organización se enteren si está pasando algo», dice Sierra.
Otras medidas
Otra propuesta que ayudaría a cercar eventuales focos de corrupción es «hacer seguimiento a la situación patrimonial de cada persona» dentro de las agencias fiscalizadoras de delitos económicos, indica Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax & Legal. Agrega que «no sería mala idea verificar, por ejemplo, un estado de situación patrimonial de cada funcionario anualmente o con cierta periodicidad. Evidentemente, si el patrimonio de una persona se ha incrementado significativamente sin explicación en el último tiempo, ello puede ser indicio de ganancias mal habidas».
Añade que esta práctica ya se hace a cierto nivel, pero estima que es importante masificarlo y aplicarlo de forma rigurosa.
Por otro lado, Bustos señala que «podrían implementarse sistemas de auditoría aleatorios a los casos más relevantes, con el fin de determinar si han sido decididos en su mérito o no. Dichas auditorías deberían conducirse por equipos con independencia y autonomía dentro de la respectiva administración pública.»
Osvaldo de la Fuente, presidente del Colegio de Contadores, agrega que la Contraloría debería tener una «acción más activa» en el control interno de las áreas de fiscalización donde la fe pública está en juego. «No solo que los números cuadren, (sino que) ir más allá», concluye.
Fuente: El Mercurio
