Para hacer frente a la Ley de Delitos Económicos sin caer en burocracia, las empresas deben fortalecer una cultura corporativa centrada en valores, donde el compliance esté en el corazón de la empresa y de quienes la componen.

Esta cultura no puede desarrollarse de manera aislada, y requerirá de una gobernanza sólida que aborde cinco áreas clave: efectividad del directorio, gestión de riesgo y manejo de crisis, relación con sus stakeholders, anticorrupción e integridad, y velar por una adecuada política de compensaciones e incentivos que promueva el logro de los resultados, pero también de cómo se llegó a ellos.

Respecto a este último punto, es esencial que las empresas establezcan un sistema de incentivos vinculados a sus programas de compliance, para promover comportamientos éticos y asegurar que los objetivos se ajusten a las políticas corporativas.

Para esto, los incentivos no solo deben premiar el buen comportamiento, sino también desincentivar las conductas inapropiadas con sanciones claras y debidamente comunicadas a toda la organización. No olvidemos que las empresas están compuestas por personas, quienes nos movemos por estímulos, por lo que de nada servirá tener las mejores políticas y códigos de ética si las “zanahorias” solo se enfocan en el resultado final de la meta, como lograr ventas o reducir costos, y dejan afuera el proceso para llegar a ello.

Lo más común es incorporar el compliance a las metas como un blanco y negro, donde se despide a quien comete un delito. Pero para una prevención efectiva se requiere que se midan los procesos.

Con las nuevas leyes, las empresas probablemente aumentarán los controles para prevenir delitos, y tan importante como estos controles es entender cómo están evaluando su efectividad y si están alineados a los objetivos. Por eso, el cumplimiento de los procesos también debe integrarse en las políticas de incentivos.

En 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. implementó un programa piloto que conecta incentivos y compensaciones con los programas de compliance, que exigen a las empresas no entregar bonos a empleados que no cumplen con los requisitos de compliance, aplicar sanciones a quienes infringen la ley, y premiar a quienes demuestran un fuerte compromiso con los procesos de cumplimiento. El objetivo es compensar las prácticas éticas y castigar a quienes no las siguen.

Integrar el compliance a los incentivos asegurará controles efectivos frente a las nuevas leyes, y serán las mismas personas quienes garanticen su efectividad, ya que su evaluación estará directamente relacionada con los procesos para lograr esos incentivos. Enfocarse en el cómo es la respuesta clave a los nuevos desafíos.

 

Por Susana Sierra
Publicada en El Mercurio

Producido por Webit Studios