Hace unos días, tras el allanamiento a la municipalidad de Recoleta, reflotó el caso de corrupción que envuelve a la empresa Itelecom y a diversos municipios del país. Si bien este caso se investiga desde 2018, recién en 2020 conocimos públicamente sus implicancias, cuando fue detenido el dueño de la compañía, Marcelo Lefort, además de concejales, administradores municipales e incluso un juez, todos vinculados a los municipios de Iquique y Chillán. Desde entonces siguen apareciendo antecedentes, que llevaron incluso al ahora ex alcalde de Negrete tras las rejas. A esto se suman las declaraciones de ex directivos de Itelecom que relataron cómo funcionaba el pago de sobornos a municipios, revelando nuevos nombres e involucrando a otras casas edilicias.
Como muchos casos de corrupción, se necesitan dos partes interesadas para que ocurra. Por un lado, Itelecom requería de licitaciones públicas hechas a su medida y, por otro, se necesitaba gente disponible para hacer ese favor. Un perfecto match donde se aprecia el cohecho y el soborno en todo su esplendor.
Pero surgen algunas dudas. ¿Será que Itelecom cayó en la tentación cuando entró al negocio de las luminarias o desde un principio la corrupción era su estrategia comercial? De ser así, lo más probable es que su modo de operar se haya repetido en otros negocios, como ocurrió en el caso Odebrecht, en el que poco a poco surgieron nuevas aristas y a nivel mundial. Sin ir más lejos, hace poco supimos que Itelecom pagó más de $ 1.600 millones en coimas. Otra duda es qué ocurrió primero ¿La empresa ofreció sobornos o los funcionarios públicos los solicitaron? Si se trata de lo segundo, podemos pensar que éstos también pudieron recibir incentivos de otras empresas, lo que significaría que hoy solo conocemos la punta del iceberg de un sistema que facilita la corrupción. De hecho, el mismo Lefort al ser interrogado sobre el porqué de sus actos dijo “…me dejé llevar por un sistema corrupto”, (aunque esa es la justificación ex post de todas las empresas que cometen corrupción a nivel mundial).
Entonces, estamos frente a un sistema en el que cometer delitos queda al arbitrio de cada uno y depende de la moral, ética, probidad y nivel de ambición del otro, y no de un sistema de control y prevención.
Incluso, ciertas acciones pueden no representar delitos, pero sí ser éticamente cuestionables. Este es el caso de la donación solicitada por el alcalde Jadue a Itelecom, la que –si bien se habría hecho en el marco legal-, resulta inapropiada y representa un conflicto de interés, ya que el solo hecho de solicitar dinero a una empresa proveedora pone a esta en una disyuntiva, donde aceptar puede suponer favores posteriores y rechazar puede significar el término de un contrato.
A pesar de que la corrupción municipal ha sido frecuente por años, y aún no vemos mayores avances en la materia, destaco el rol que juega la Contraloría, aunque se hace insuficiente. Lo mismo ocurre con el control interno que debe ejercer el Concejo Municipal, donde los fiscalizadores también deben ser fiscalizados. Si no, preguntémosles a los concejales de Iquique involucrados en este caso.
Si queremos parar la corrupción municipal necesitamos de esfuerzos adicionales y exclusivos, tanto internos como externos, en especial, porque los municipios son órganos autónomos que cuentan con diversas áreas, en las que se manejan grandes cifras de dinero y que tratan con distintos proveedores. Asimismo, se debe avanzar en la transparencia total de la información, ya sea de contrataciones, licitaciones y auditorías, particularmente porque permitirá identificar a los beneficiarios finales de cada operación.
Una buena noticia, y que deberían seguir todos los municipios, es la plataforma que lanzó la Municipalidad de Santiago, para que funcionarios municipales denuncien internamente actividades sospechosas, aunque una mejor practica sería que el canal de denuncia fuera abierto a todos los stakeholders. Estas acciones debieran ser el “desde”, considerando que son los municipios los principales interesados en conocer si alguno de sus funcionarios está involucrado en actos de corrupción, para detenerla lo antes posible.
La trama en torno a Itelecom sigue creciendo como bola de nieve y podría marcar un punto de inflexión, el que por fin abra los ojos a los encargados de velar por la probidad y el bien común. Cuando se defrauda al Estado, se defrauda a la sociedad, afectando además la confianza y la fe pública, y salir de este espiral solo es posible con hechos concretos.
Por Susana Sierra
Fuente: La Tercera
