¿Qué pasó?
En julio de 2026, la Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una estructura que defraudó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por más de $260 millones, mediante la emisión de bonos PAD de atención dental que nunca fueron realizados.
Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad venezolana, formalizadas por diversos delitos: dos quedaron en prisión preventiva y las otras dos con arresto domiciliario nocturno. Cerca de 400 pacientes resultaron afectados, entre ellos menores de edad.
La organización operaba desde el centro médico VenNorte, ubicado en Copiapó. Los pacientes acudían al recinto para realizarse exámenes de imagenología —que sí eran efectuados—, pero la huella digital utilizada para validar esas prestaciones en el sistema I-MED era usada, sin conocimiento de los usuarios, para emitir bonos PAD de tratamientos dentales inexistentes, los cuales luego eran cobrados a Fonasa.
El Ministerio Público sostuvo que los cuatro imputados actuaban de manera coordinada y con roles definidos: un auxiliar paramédico de odontología que se hacía pasar por médico (ejercicio ilegal de la profesión) y era el líder de la operación; una persona encargada de recibir y redistribuir los fondos; un médico radiólogo que firmaba los informes clínicos mientras se usaban los datos biométricos de los pacientes para generar los bonos falsos; y la recepcionista del recinto, que operaba el sistema I-MED y capturaba las huellas digitales.
Además de la asociación ilícita y la obtención fraudulenta de prestaciones estatales, se investiga el delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, los imputados crearon otras sociedades —entre ellas una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma— para triangular el dinero obtenido y ocultar su origen ilícito.
Por ello, el Ministerio Público imputó responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas —el centro médico VenNorte y la Comercializadora Venfarma— en el marco de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El mecanismo, según la PDI, funcionó durante casi tres años. El Juzgado de Garantía decretó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación, período en el que no se descarta identificar a más personas afectadas.
