Por: Susana Sierra
Corrían los primeros meses del 2020. Desde América Latina mirábamos con impacto cómo el coronavirus hacía estragos en países de Europa y Asia, afectando no solo sus sistemas de salud, sino también a sus desarrolladas economías.
Por algunos meses fuimos espectadores de un escenario inimaginable, en el que mirábamos una película de terror a través de nuestros televisores, a la espera de que esa realidad llegara hasta nosotros, y así fue. La llegada del Covid -19 a la región fue un duro golpe al corazón de sus ciudadanos, que vieron cómo se destruían sus sueños, se perdían empleos, mientras debían adaptarse a una nueva normalidad, cambiando hábitos y prioridades, encerrándose en sus casas, muchos perdiendo sus fuentes laborales y algunos otros despidiendo a sus seres queridos desde la lejanía implacable que impone este virus.
Y mientras la pandemia se hacía notar con fuerza en América Latina, y los gobiernos tomaban decisiones e implementaban medidas sanitarias y económicas para enfrentar la emergencia, descuidamos un enemigo poderoso que se hizo notar en plena crisis: la corrupción. Y a pesar de que diversas eran las advertencias que nos indicaban que la pandemia sería un terreno fértil para su cometido, esta se impuso en el mundo ante la urgencia de sobrevivir.
Por un lado, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) advirtió durante los primeros meses de 2020, que dada la necesidad de los gobiernos por adquirir grandes volúmenes de insumos sanitarios, se podría propiciar el tráfico ilícito y adulteración de productos. Además, debido al relajo de los controles –con el fin de facilitar procesos en medio de la crisis-, se podrían ver afectadas las medidas de prevención y combate a delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ante esto, cabe destacar que la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), señalaba que un tercio de los fraudes se producen por falta de controles.
Lo mismo advertía Transparencia Internacional a través de su informe “Getting Ahead of the Curve”, donde dio a conocer las tendencias que podrían instalarse con la pandemia y el impacto que tendrían, siendo el aumento de la corrupción una de ellas. Con la perspectiva del tiempo, vemos hoy cómo esas tendencias (retroceso de la hiperglobalización, aumento de televigilancia, restricciones a la libertad o la flexibilización de controles, entre otras), anunciadas en abril del año pasado, serían una realidad.
En medio del dolor, del caos y la incertidumbre, vimos la cara más oscura de la corrupción, que se hizo presente, por ejemplo, en la entrega de recursos adicionales por parte de los gobiernos, los que se asignaron a través de procesos de contratación pública acelerados, sin licitaciones y con menores protocolos.
Diversos fueron los casos conocidos en Latinoamérica. En Bolivia, fue detenido y destituido el entonces ministro de Salud por la compra de 170 ventiladores con sobreprecio; en México se descubrió también el pago de 20 ventiladores a casi el doble del valor de mercado a la empresa Cyber Robotics Solutions, de propiedad del hijo del director de la empresa pública de electricidad y cercano al presidente López Obrador; en Colombia se investiga la participación de gobernadores en la compra de ambulancias con sobrecostos; e incluso en Ecuador se compraron bolsas para trasladar cadáveres a valores por sobre los habituales, siendo investigados dos hospitales de ese país.
También cabe destacar la investigación de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Palta), quienes develaron que entidades públicas de Colombia, México, Perú y Uruguay adquirieron 67.000 mascarillas con un sobreprecio que representó un gasto adicional del dinero público de más US$282 mil.
En Brasil, el Gobernador de Río de Janeiro fue procesado por corrupción y lavado de dinero por irregularidades en medio de la pandemia, entre ellas, comprar respiradores con sobreprecios y desviar recursos destinados a la construcción de hospitales de campaña. De hecho, de los siete hospitales planeados para combatir la pandemia apenas dos salieron del papel.
A todo lo anterior, debemos sumar el acceso vip a la vacuna contra el Covid-19 por parte de autoridades y funcionarios públicos en países como Argentina y Perú, convirtiendo el derecho a ser vacunado en el privilegio de poderosos en América Latina.
En Chile, no hemos estado exentos de la corrupción ligada a la pandemia. Una investigación de las plataformas periodísticas latinoamericanas Salud con Lupa y Connectas, analizó las órdenes de compra relacionadas al Covid-19 publicadas en Mercado Público durante el 2020, hallando sobreprecios, adjudicaciones de trato directo y contratos de empresarios vinculados a funcionarios públicos. Así, el sistema de compras adoptado ante la crisis sanitaria permitió que más de cien empresas sin experiencia se adjudicaran lucrativos contratos con servicios públicos.
También destacaron las empresas que cambiaron su giro tributario incluso después de recibir la orden de compra, para que su rubro coincidiera con el producto o servicio. Así, una empresa de servicios de gasfitería e instalaciones eléctricas, fue proveedor de cajas de alimentos al Estado antes de cambiar su giro a venta al por mayor de abarrotes.
El cambio de giro de empresas ante el Servicio de Impuestos Internos fue bastante habitual durante el 2020, ya que no faltaron quienes quisieron burlar la ley y vender productos esenciales que no eran tal. Así en medio de las cuarentenas pudieron seguir operando y entregando permisos colectivos a sus trabajadores, a pesar de que no les correspondía. Esto provocó la modificación del Código Penal, sumándose nuevos delitos a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, endureciendo las sanciones a los empleadores que obligaran a sus trabajadores a desempeñar labores fuera de sus domicilios cuando deban cumplir confinamiento obligatorio.
Otro escándalo chileno durante la pandemia, se vincula a la contratación de residencias sanitarias por parte del gobierno para aumentar la capacidad de atención hospitalaria. Tras auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, se detectaron irregularidades y malos procedimientos, que van desde sobrepagos, duplicidades a proveedores, contrataciones irregulares de establecimientos, falta de fiscalización e incumplimientos básicos, como normas de higiene, e improvisaciones en el manejo de estas residencias. La mayoría de las auditorías terminaron con instrucción de sumarios, algunos ya en curso, y en otros casos incluso ameritaron denuncias penales.
Después de la pandemia el mundo estará más propenso a la corrupción, por lo que si no nos ocupamos de este tema ahora, el panorama no será muy alentador para los próximos años. De hecho, este período de crisis nos demostró que la incertidumbre, la necesidad y la flexibilización de controles son el match perfecto para que esta opere.
Hoy más que nunca se requieren fuertes compromisos, tanto del mundo público como privado, por un actuar ético y transparente. Las empresas tienen una gran tarea en esto, porque ya no hay excusas para dejar atrás el discurso y pasar a la acción, y enfrentar este cambio de paradigma que nos ha impuesto el coronavirus, con medidas que vayan más allá de la ley y que demuestren que el rol que cumplen en la sociedad no es solo económico, sino que también busca el bien común.
Fuente: Vive Compliance
