Luego de realizar una investigación de crisis en El Salvador, Amnistía Internacional, denunció, el pasado jueves, que en el marco del régimen de excepción que ha declarado el gobierno de Nayib Bukele, “ha cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que “hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”.
Cabe recordar que, Bukele decretó el estado de excepción el 27 de marzo, tras un alza de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, el que se extendería por un mes, pero ya lo prorrogado dos veces hasta la fecha. De hecho, se registraron 76 homicidios en 48 horas, lo que dio pie a la medida de restricción de libertad.
Según reportó la ONG, en las últimas semanas han documentado con detalle 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas. Todo bajo la excusa de la guerra contra las pandillas, que es una de las grandes apuestas del gobierno.
Y a pesar de las denuncias nacionales e internacionales de violaciones de derechos humanos durante el estado de excepción, esta medida cuenta con una aprobación del 74% de los salvadoreños, según LPG Datos. Así, en un mensaje en el Congreso y transmitido por radio y televisión, Bukele aseguró que están a punto de ganar la guerra contra las pandillas que controlaban el 80% del país.
Entre las acusaciones de Amnistía Internacional, destacan las detenciones ilegales, sin que haya una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia, sino simplemente por estigmatización: tener tatuajes, haber sido acusadas por un tercero de tener vínculos con una pandilla, tener un familiar perteneciente a una pandilla, tener antecedentes penales previos, entre otros. En esa línea, la ONG documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas.
Por otro lado, el gobierno de Bukele se ha caracterizado por ataques a la prensa y periodistas, quienes han sido asediados e incluso algunos aseguran ser blanco de posibles investigaciones criminales en su contra como forma de represalia.
En el contexto del régimen de excepción se han aprobado reformas legales que ponen en riesgo de criminalización a quienes informen sobre el fenómeno de las pandillas con condenas de hasta 15 años de prisión. Asimismo, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado públicamente y sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas, en un intento de estigmatizar e inhibir la libertad de prensa.
Lo mismo sucede con la justicia, imponiendo una política contra la independencia judicial.
Desde Amnistía Internacional señalaron que “la magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional”, y llamaron a que se permita el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU.
“Llamamos al gobierno del presidente Bukele a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos.”
Imagen: Infobae (Reuters)
