El pasado jueves 30 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al exsenador colombiano Luis Alberto Gil Castillo por “participar en importantes actos de corrupción», prohibiéndoles además la entrada al territorio norteamericano.
En concreto, se le acusa de aceptar sobornos de un grupo considerado terrorista para EE.UU., conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a cambio de ejercer su influencia política en favor de esta organización. Además, Estados Unidos apunta que el congresista trató de sobornar a un testigo en un caso criminal contra él.
Según el gobierno norteamericano, estos sobornos “socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional».
La sanción del Departamento de Estado se extiende a todos los integrantes de su núcleo familiar. Su esposa, Doris Clemencia Vega, tampoco podrá ingresar a Estados Unidos.
Cabe señalar que, estas sanciones se producen seis meses después de que el gobierno del presidente Joe Biden sancionara al socio de Gil Castillo, Carlo Julián Bermeo Casas, exfiscal colombiano «por participar en una corrupción significativa».
Historial de corrupción
Luis Gilberto Gil estuvo en el Congreso entre 2002 y 2007 representando al extinto partido conservador Convergencia Ciudadana, del cual fue su fundador. Llegó al Congreso con más de 82.000 votos, siendo el senador más votado en Santander para la época.
Pero, en 2007, las autoridades colombianas comenzaron a investigar sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, determinando que existían suficientes pruebas de sus reuniones con líderes paramilitares.
El exsenador renunció a su puesto en el Congreso y respondió ante la Corte Suprema en un juicio que duró alrededor de cinco años. Así en 2012, se determinó que el crecimiento acelerado del partido Convergencia Ciudadana, fue fruto del apoyo de las AUC, ya que Gil, junto a los exlegisladores Óscar Reyes Cárdenas y Alfonso Riaño, hicieron pactos con los exjefes paramilitares del Bloque Central Bolívar, pactando apoyo electoral en el departamento de Santander, en contraprestación de beneficios políticos y económicos. Fue condenado a siete años de prisión.
Entre las pruebas que presentó la Fiscalía también estaban unas cartas en las que el grupo paramilitar le reportaba al exsenador el número de votos obtenidos gracias a su apoyo. Además, contaron con las declaraciones de exconcejales del municipio de Barrancabermeja.
En 2019, Gil a volvió a enfrentar a la justicia, cuando se supo que lideraba una red criminal para intentar frenar la extradición a Estados Unidos del exguerrillero Jesús Santrich, fallecido en un operativo en mayo de 2021. Fue capturado en flagrancia mientras se reunía en un hotel al norte de Bogotá, en plena negociación para truncar dicha extradición.
En julio de 2021, el Juzgado Noveno Penal Especializado de Bogotá lo condenó a cuatro años y medio de prisión por participar en una red delictiva, ofreciendo sus servicios de manera ilegal para entregar información privilegiada de procesos judiciales y administrativos.
