El 27 de enero, tras ocho años, Juan Orlando Hernández dejó su cargo como expresidente de Honduras, asumiendo Xiomara Castro, la primera mujer en la historia en proclamarse presidenta de ese país.
Estados Unidos incluyó, en julio de 2021, a Hernández en la lista Engel, donde figuran personas corruptas y antidemocráticas de El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes tienen prohibida la entrada a ese país. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, EE.UU. fue un paso más allá, solicitando su extradición, por tres delitos ligados al narcotráfico, concretamente de introducir 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense desde 2004, además de usar o portar armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspirar para usar armas de fuego para importar narcóticos a ese país.
La Fiscalía señala que Hernández recibió de forma directa e indirecta apoyo de narcotraficantes para financiar sus campañas políticas desde que era diputado del Congreso Nacional en 2005. Se habla de al menos US$ 7.415.000.
Estos cargos se venían indagando las declaraciones de narcos confesos como parte de las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas (DEA).
Su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por los mismos delitos, y solo en ese proceso contra su hermano el exmandatario fue nombrado al menos 104 veces.
Ante esto, el expresidente rechaza los cargos y los atribuye a venganza de capos que su gobierno extraditó y que sirvieron de testigos contra su hermano. Esto, porque entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41.240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.
La casa del exmandatario fue rodeada por policías, luego fue arrestado con esposas y cadenas y trasladado a una prisión en el Comando de Operaciones Especiales conocida como Los Cobras, en la capital de Honduras, Tegucigalpa, donde deber permanecer allí por decisión de un juez.
La solicitud no tiene fecha de vencimiento, por lo que pasará un mes bajo detención provisional en Honduras y posiblemente más hasta esperar la resolución definitiva del tribunal.
