Como cada año, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que reveló que la lucha contra la corrupción está estancada en todo el mundo, con poco o ningún progreso en los últimos 10 años. Este sombrío panorama se vio agravado por la pandemia, que llevó a la relajación de los controles y al aumento de las adquisiciones mediante tratos directos. Países como Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití se encuentran entre los países latinoamericanos con el peor ranking de percepción de la corrupción.
Esta es una noticia alarmante para las empresas estadounidenses con filiales en América Latina. Es un asunto que preocupa a los asesores internos, a los líderes corporativos y a los miembros de las juntas directivas de estas organizaciones, porque cuando la lucha contra la corrupción no gana terreno, los empleados están más expuestos a las malas prácticas que pueden causar graves daños corporativos, tanto en términos de reputación (por la exposición a los medios de comunicación) como financieros (por las multas y los litigios).
La solución, que suele ser responsabilidad de la alta dirección de la empresa, es invertir en medidas preventivas integrales que se apliquen a cada miembro de la empresa y que vayan más allá de un plan escrito en un papel. En los 12 años que llevo supervisando los programas de cumplimiento de las empresas que operan en América Latina, he visto cómo las multinacionales tienen dificultades para aplicar sus programas de cumplimiento. Los errores más comunes que cometen las empresas son
Falta de enfoque en la ley global
Las medidas preventivas de las empresas deben tener un enfoque global, mirando no sólo las regulaciones locales sino también las leyes de cada país con el que tienen vínculos comerciales. Las empresas estadounidenses con filiales en América Latina tienen el deber de conocer la realidad de la región. Por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) penaliza a las personas y a las filiales que sobornan a funcionarios públicos, ya sea directa o indirectamente e independientemente del lugar donde se encuentren. Aunque se trata de una de las leyes anticorrupción más importantes y rigurosas del mundo, la FCPA es sólo una parte de un marco preventivo completo.
Falta de una cultura de integridad
El cumplimiento de la ley debe ir acompañado de una cultura de integridad que impregne cada departamento de la empresa. Según el informe del Foro Económico Mundial «¿Buenas intenciones, malos resultados?», una sólida cultura interna de integridad en la empresa es la clave para facilitar el comportamiento ético de los empleados. El comportamiento ético tiene que estar en el centro de una operación empresarial. Esta cultura debe comenzar con el reconocimiento de las buenas intenciones de sus empleados. Como monitor de programas de cumplimiento corporativo, hemos aprendido que la cultura de la empresa debe considerar las áreas «grises» a las que se enfrentan constantemente los empleados, que, si no se abordan adecuadamente, pueden llevar a toda una empresa a verse envuelta en un escándalo de corrupción. Para ello, hay que tener en cuenta la ética y los sesgos cognitivos de los individuos, formando a los empleados no sólo en la ley, sino también en los dilemas éticos de las situaciones reales a las que pueden enfrentarse en la empresa.
Al mismo tiempo, los incentivos de comportamiento ético que se ofrezcan a los miembros de la empresa deben tener una perspectiva a largo plazo, evitando que personas con buenas intenciones desvíen sus objetivos para obtener beneficios a corto plazo. En la creación de estos incentivos, el consejo de administración desempeña un papel esencial como líder de la empresa, guiado por criterios ASG (con especial atención a la G de Gobernanza) para trabajar por la integridad y la sostenibilidad de sus grupos de interés.
Falta de infraestructura de denuncia
La cultura de la integridad también implica el fomento de la seguridad emocional para animar a los empleados a denunciar sin miedo las prácticas peligrosas e implementar canales de denuncia anónimos para hacerlo. Los actos de corrupción suelen permanecer ocultos porque los empleados no se atreven a denunciarlos. Esto se debe a varios factores, entre ellos la falta de un verdadero compromiso por parte de la empresa para promover estos canales, o la provisión de garantías insuficientes para los denunciantes contra las represalias. A menudo no confían en que sus denuncias sean investigadas, especialmente si el acusado es un supervisor. Además, muchas empresas no permiten las denuncias anónimas, lo que dificulta la presentación de informes y el seguimiento. En las culturas muy jerarquizadas, prevalece el miedo a hablar, lo que allana el camino a los corruptos.
Falta de monitoreo
La supervisión de la aplicación del programa de cumplimiento es esencial para prevenir y detectar las malas prácticas. La supervisión crea pruebas de que una empresa está haciendo todo lo posible para luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Las pruebas ayudarán a la empresa a planificar la solución del problema, pero también a crear documentación para construir una defensa sólida en caso de verse involucrada en un acto de corrupción.
Por esta razón, el papel de los responsables de cumplimiento es fundamental, y es esencial que tengan su propio departamento, donde puedan actuar con total autonomía, garantizar una cultura de integridad e identificar y gestionar los riesgos. Lamentablemente, un problema común que encontramos es que muchas empresas no tienen un departamento y, por lo tanto, asignan la responsabilidad del cumplimiento a otras áreas, como Recursos Humanos o Auditoría, donde no hay una persona dedicada exclusivamente al cumplimiento.
Falta de diligencia debida
Un gran problema en América Latina es que muchos ejecutivos pertenecen a los mismos círculos sociales, donde todos se conocen y basan sus negocios en la confianza derivada de su red social. Sin embargo, es esencial que exista una exhaustiva y amplia diligencia debida en cada proceso y paso que dan -incluyendo la contratación de proveedores y empleados, y la firma de acuerdos con potenciales socios- para evitar futuros riesgos de corrupción.
Esto es especialmente importante hoy en día, donde el aumento del narcotráfico en regiones como América Latina puede facilitar que las empresas se vean involucradas sin saberlo en delitos como el blanqueo de dinero. Las empresas están expuestas a un sinfín de riesgos que, si no se analizan con la debida seriedad, pueden afectar a la salud del negocio y causar un daño irreparable a la reputación que han trabajado para construir.
En conclusión, según mi experiencia, cumplir con la ley y tener políticas de control y prevención de la corrupción no garantiza la eficacia. De nada sirve que existan programas de cumplimiento sobre el papel si una empresa no puede aplicar medidas de control para evitar estos escollos.
Cuando una empresa es objeto de una investigación por corrupción, los investigadores se fijarán en las medidas que la empresa tomó para mantener a raya la corrupción para determinar su culpabilidad. Evitar estos errores puede evitar muchos dolores de cabeza a los asesores corporativos, altos ejecutivos y miembros del consejo de administración de las empresas multinacionales que hacen negocios en países propensos a la corrupción.
Susana Sierra, directora general de BH Compliance, es una empresaria y emprendedora chilena, reconocida en la industria del compliance por su trabajo y experiencia profesional en materia de integridad, anticorrupción, transparencia, desarrollo de la cultura organizacional e implementación y promoción de buenas prácticas en las empresas.
Fuente: Daily Business Review
