En junio de 2021, Pedro Castillo fue proclamado Presidente de Perú, tras imponerse a Keiko Fujimori, que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país y cuyos reclamos dilataron el nombramiento de un vencedor.
Desde un principio ha visto complicada su capacidad de gobernar Perú, un país inmerso en la inestabilidad institucional durante varios años. En solo ocho meses, ha debido enfrentar acusaciones de corrupción, solicitudes de destitución por parte de la oposición, cuestionamientos a sus ministros y cuatro cambios de gabinete, siendo el último, en febrero pasado.
A pesar de ser cuestionado desde el inicio de su mandato, ha logrado sortear con “éxito” las diversas dificultades. La última valla que debió enfrentar fue la segunda moción por destitución -la primera que llega a ser admitida a debate-, ocurrida el 28 de marzo pasado, para afrontar las denuncias de presunta corrupción en el gobierno y las acusaciones en su contra por la ‘falta de rumbo’ de su gobierno.
El mandatario está en el centro de la polémica luego de que la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía, Karelim López, investigada por presunto lavado de activos, señalara a Castillo como parte de una red de corrupción al interior de su gobierno. Al mismo tiempo, el Presidente es acusado por partidos opositores por supuesta traición a la patria, luego de que en una entrevista con CNN planteara la posibilidad de realizar una consulta popular para una posible entrega de salida al mar a Bolivia, algo que luego fue descartado.
Pese a que por ley, Castillo tiene permitido enviar a su abogado para responder las acusaciones en su contra, compareció personalmente ante el Pleno del Congreso vistiendo su banda presidencial y recordando que asistió al hemiciclo para “mostrar máximo respeto por el Estado constitucional y sus herramientas de control”.
En la instancia, el Congreso de Perú rechazó la moción de vacancia por 55 votos a favor -de los 87 necesarios-, 54 en contra y 19 abstenciones, con lo que los promotores no alcanzaron los dos tercios de la cámara de 130 legisladores. Para los observadores, sin embargo, todavía es prematuro declarar que Castillo salió victorioso de su pulso con la oposición, aunque sí le permitiría ganar tiempo.
El futuro de Castillo se podría complicar judicialmente, ya que una investigación actual de la fiscalía por una supuesta adjudicación irregular de obras en el Ministerio de Transportes, el caso conocido como “Puente Tarata”, ha implicado a dos sobrinos del mandatario y a su exsecretario general del Palacio, quienes están prófugos luego que se ordenase su prisión preventiva. Según se especula, si algunos de los acusados se convirtiesen en colaboradores eficaces, el caso podría escalar hasta el propio Castillo.
Por otro lado, recientemente, el Congreso peruano aprobó una moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, quién deberá dejar el cargo que había asumido hace casi dos meses, tras enfrentar cuestionamientos desde su designación.
Condori era criticado por la prensa peruana y el gremio médico, quienes señalaban que ha recetado productos no avalados por la ciencia como la llamada «agua arracimada», que se vende en varios países con supuestos beneficios para la salud como retrasar el envejecimiento. Además, Condori, es investigado por supuestas irregularidades mientras era director de Salud en 2019 en la región andina de Junín.
Pero la crisis en Perú no cesa, y el gobierno debió decretar un toque de queda este martes 5 de abril en Lima y Callao, en respuesta al paro y bloqueo de transportistas que cumple una semana, por el alza de los precios del combustible, y al que se sumaron otros gremios de trabajadores. En estas han muerto cuatro personas y otras 20 han sido detenidas.
En un intento por apaciguar las protestas, el gobierno eliminó el impuesto al combustible durante el fin de semana pasado, pero en la manifestación del lunes 4 de abril, los camioneros y conductores de vehículos de transporte de pasajeros volvieron a salir a las calles. Se registraron varios incidentes violentos, incluyendo la quema de casetas de peaje en carreteras, saqueos de tiendas y enfrentamientos entre manifestantes y policías.
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