Ni el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, podrán ingresar a Estados Unidos.
Así lo estableció una declaración firmada por Joe Biden, en la que el mandatario norteamericano sostiene que las acciones de la pareja, así como las de otros funcionarios nicaragüenses, «socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia» en el país centroamericano.
«Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar», se señala en el documento.
La medida afecta también a cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas.
El texto detalla, además, que las medidas se toman en vista de lo importante que es para EE.UU. «fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua» y «dada la supresión de los derechos humanos y la democracia» en esa nación.
Las medidas llegan como reacción a las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega logró un cuarto mandato consecutivo en una cuestionada jornada de votación que incluyó la detención, desde mayo, de casi 40 políticos, activistas, empresarios y periodistas, además de siete precandidatos rivales del presidente.
Según la declaración firmada por Biden, no podrán ingresar a EE.UU., como inmigrantes o no inmigrantes, todos los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos (del partido sandinista) que participaron en «graves abusos o violaciones de los derechos humanos».
Igualmente, la medida aplica para funcionarios de los servicios de seguridad, militares, miembros de la Policía Nacional y del sistema penitenciario.
Tampoco podrán ingresar a Estados Unidos los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación; así como los miembros de los ministerios, de agencias reguladoras y empresas paraestatales.
Bloqueo de recursos
El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el martes ante el Congreso que es necesario retirar el financiamiento externo al gobierno de Ortega, bajo el marco la Ley Renacer firmada por Biden la semana pasada.
«Como parte de la Ley Renacer, deberíamos buscar formas de evitar que Nicaragua obtenga recursos de las instituciones financieras internacionales, fondos que inevitablemente irían a su gobierno corrupto», afirmó Nichols.
La Ley Renacer facilita la imposición de sanciones al gobierno de Ortega para restringir los préstamos de los bancos y «atacar la corrupción del régimen».
Con ella, la Casa Blanca tiene una amplia gama de medidas posibles: desde nuevas sanciones financieras a funcionarios nicaragüenses, hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país centroamericano.
Fuente: BBC News
