El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa de ese país, decretar estado de excepción ante una ola de asesinatos durante el reciente fin de semana.
Fueron 76 los homicidios registrados en 48 horas, 14 durante el viernes y 62 el sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente de El Salvador desde el fin de la guerra civil.
Esto sucedió luego de meses en que se registraron bajos índices de asesinatos diarios, lo que era exhibido como un logro del plan de seguridad Control Territorial, implementado por la administración Bukele.
El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite al Presidente restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado sobre los motivos de un arresto. Asimismo, se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.
La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele, que controla 64 congresistas y, con esto, el poder legislativo. Cabe destacar que antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter, en una más de sus autoritarias declaraciones.
Cabe recordar que en febrero de 2020, Bukele envió tropas armadas al Congreso mientras exigía que los legisladores aprobaran su plan para asegurar un préstamo de US$ 109 millones para abordar la violencia de las pandillas.
El Salvador tiene una larga historia de grupos del crimen organizado que luchan contra las fuerzas de seguridad y controlar el territorio y las rutas de la droga en Centroamérica. Estas bandas cuentan con más de 70.000 integrantes y funcionan como el brazo armado de una economía ilegal que va opera a través de la extorsión y el homicidio por encargo en negocios como la droga o venta de armas.
Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas: MS13, más conocida como Mara Salvatrucha; Barrio 18 y 18-R, mantenían un pacto secreto que permitió reducir la violencia en el país. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios, los que habían disminuido un 15% este año. De hecho, Estados Unidos acusó que la administración de Bukele entregaba teléfonos móviles y prostitutas a los líderes pandilleros encarcelados.
Este pacto, que ha sido negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico salvadoreño El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Una prueba de que el pacto funcionaba hasta hace poco fue la puesta en libertad de Helmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los líderes de la MS13, quien era reclamado por un tribunal neoyorquino.
Dado que muchos de los asesinatos fueron aparentemente al azar, se trataría de un mensaje de las pandillas, que mantienen presencia en todo el continente, al gobierno de Bukele, por algún desacuerdo en los pactos secretos, lo que ha enlutado a este golpeado país una vez más. Se menciona entre los motivos, el hecho de que las autoridades tomaran el control de dos rutas de microbuses, que resultan una fuente del negocio extorsivo para los grupos delictivos.
En solo dos días, la policía salvadoreña detuvo a casi 600 criminales.
