Como cliché de fin de año, llega la hora de los recuentos y, en materia de corrupción, las conclusiones son preocupantes. Este 2021 ningún sector se salvó y vimos desfilar casos en el ámbito empresarial, municipal, instituciones públicas e incluso de personas naturales que lograron burlarse de nuestra “ingenuidad”.
Es hora de asumirlo, la corrupción es una realidad en Chile, y las malas prácticas o de faltas a la ética están lejos de ser aisladas. Hagamos un breve zoom para resumirlo.
En el ámbito empresarial el caso Itelecom –pago de sobornos a varios municipios para adjudicarse el recambio de luminarias–, siguió presente con nuevos y espeluznantes antecedentes como el uso de empresas fantasmas y de personas en situación de calle para blanquear coimas, nuevos municipios involucrados y personas formalizadas. Y mientras la investigación sigue en curso, seguramente en 2022 seguiremos teniendo novedades.
Y en casos emblemáticos de empresa y política, este año tuvimos una buena y una mala noticia. Por un lado, se marcó un precedente en la condena por el caso Corpesca, sentenciando con pena efectiva a un político –el exsenador Jaime Orpis–, además de condenar como persona jurídica a la empresa por el delito de soborno, acreditándose que esta no cumplió con el deber impuesto por su propio Modelo de Prevención de Delitos. Por otro lado, la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación contra 34 imputados en el caso SQM, debido a que el SII no se querelló en su contra. Se trata de una mala señal que alimenta la sensación de impunidad y de que la justicia actúa según quien sea el corrupto. Actualmente, este caso se encuentra a la espera del juicio oral.
En el ámbito público, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, también hicieron noticia en materia de corrupción. En este 2021 vimos cómo la imagen de la PDI se vio afectada luego que el CDE se querellara contra su exdirector general, Héctor Espinosa, acusándolo de sustraer parte de los gastos reservados de la institución, quien habría ocupado el mismo modus operandi del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba; y de los exgenerales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, además de la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco. Nos dábamos cuenta, así, que desviar los gastos reservados era una práctica habitual, y que defraudar al Estado era relativamente fácil. Sin embargo, esto trajo un alto costo para la ciudadanía, porque, más allá de sustraer dinero de todos los chilenos, se defrauda la fe pública y se acrecienta la crisis de confianza, en especial, viniendo de las instituciones encargadas de velar por la seguridad e integridad.
Y a pesar de que es sabido que las municipalidades son instituciones con alto riesgo de corrupción por la cantidad de dinero que manejan, el número de funcionarios y proveedores vinculados, en este 2021, la realidad superó a la imaginación.
A varios (ex)alcaldes tras las rejas por diversos escándalos, se vino a sumar una serie de hechos donde las protagonistas fueron las corporaciones municipales, entidades de derecho privado financiadas con recursos públicos, escasa fiscalización y sin rendición de cuentas. Así, gracias al trabajo periodístico y cambios de administración, conocimos investigaciones por malversación de fondos y fraude en las corporaciones de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y Ñuñoa. Pero además, vimos cómo las horas extraordinarias no tenían nada de extra y que lo que se investigaba en Viña del Mar desde hace algún tiempo, sucedía en muchas otros municipios del país, siendo Santiago la última en saltar a la palestra.
También vimos un duro golpe a la narcopolítica en San Ramón, luego de que el hoy exalcalde de la comuna, Miguel Ángel Aguilera, perdiera los comicios y quedara en prisión preventiva tras ser formalizado por cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con una nueva administración, se ha develado cómo operaba una verdadera mafia al interior de esta casa edilicia.
Por si fuera poco, en este año electoral fueron diversas las polémicas en torno a las rendiciones de gastos de campaña, boletas de familiares de candidatos e incluso firmas falsas ante un notario fallecido, sin contar un convencional electo bajo el amparo de una mentira.
Podríamos seguir agregando líneas, porque la lista es extensa. Lo importante es que entendamos, en esta “breve” pincelada, que la corrupción está entre nosotros y que opera de diversas formas y que, en este 2021, estuvo presente en 360°.
Mitigarla depende en gran medida de nosotros, dejando de ser espectadores y tomando un rol activo en la prevención y la denuncia. Asimismo, las empresas deben reforzar sus controles, pues, como sabemos, se necesita del sector público y privado para corromper el sistema.
En este 2022 tenemos el gran desafío de actuar sobre la base de lo aprendido y es de esperar que el nuevo Gobierno ponga énfasis en esta materia, con el apoyo de cada uno de nosotros como ciudadanos activos.
Por Susana Sierra
Fuente: El Mostrador
