El escándalo de Watergate marcó un hito en la historia y dio origen a una de las leyes más poderosas del mundo contra el soborno: la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una legislación federal de Estados Unidos que ha tenido un impacto global, sancionando a empresas de todo el mundo, incluidas algunas chilenas.
La FCPA prohíbe a las empresas estadounidenses y sus filiales en el extranjero, así como a empleados y terceros intermediarios, sobornar a funcionarios extranjeros con el fin de obtener o retener negocios. En términos prácticos, la ley no solo afecta a compañías que operan directamente en EE.UU., sino que también abarca a empresas fuera del país con vínculos con el mercado estadounidense.
Esta ley, junto con otras regulaciones, consolidó el compliance anticorrupción —entendido como el conjunto de medidas y políticas para prevenir riesgos—, como un pilar fundamental en la gestión empresarial, posicionando a las empresas estadounidenses como pioneras en la adopción de buenas prácticas y una cultura de integridad. De esta manera, las empresas norteamericanas se convirtieron en modelos a seguir, especialmente en regiones como América Latina, donde, en general, las leyes en materia de corrupción no eran tan estrictas (muchas se han fortalecido en la actualidad).
Sin duda alguna, la creación de esta ley ha sido un hito fundamental para el sector privado y para el mundo en general, al establecer un estándar global en la lucha contra la corrupción. Ha orientado a las empresas a priorizar la prevención y elevó los programas de compliance a un nivel superior, no solo como promotores de la ética y la transparencia, sino también consolidándolos como una ventaja competitiva clave.
Sin embargo, recientemente, el presidente Donald Trump pausó la aplicación de la FCPA, argumentando que esta resta competitividad a las empresas de su país. Esto implica que se dará menor relevancia a la persecución del soborno fuera de EE.UU. para priorizar casos relacionados con el tráfico de personas, drogas y armas de fuego, por lo cual habrá un mayor énfasis en el narcotráfico y el lavado de activos.
Esta reorientación de la aplicación de la ley no debería cambiar la manera en que las empresas deben operar, pues esta “pausa” no implica que la FCPA haya dejado de existir; el soborno sigue siendo un delito. Además, es muy probable que en los próximos años una nueva administración vuelva a poner foco en la persecución del soborno. Por lo tanto, ninguna empresa puede permitirse correr el riesgo de cometer este delito y verse involucrada en investigaciones futuras. Asimismo, los directores de empresas tienen la responsabilidad de fortalecer la prevención para evitar involucrarse en pagos ilegales, ya que violarían su deber de diligencia hacia la organización. Por otro lado, la Unión Europea está avanzando a paso firme en la modernización de su marco legal en materia de anticorrupción, con una nueva legislación de alcance extraterritorial.
Recordemos que las leyes por sí solas no lo son todo. Es fundamental que las empresas comprendan que, a pesar de esta medida y de otras que puedan surgir, los programas de compliance debe estar en el corazón del negocio y ser el ADN que guíe todas sus acciones. Es esencial que se enfoquen en cómo operan y cómo orientan sus estrategias, estableciendo políticas y controles claros que prevengan la corrupción, porque entienden que, más allá de cumplir con la ley, su responsabilidad ética y la sostenibilidad de su negocio dependen de mantener altos estándares de integridad y transparencia, especialmente en un mundo que exige mayor probidad y responsabilidad.
Si las empresas dejaran de lado sus programas de compliance por esta medida, sería similar a que, tras la disminución de los controles de alcoholemia, las personas decidieran conducir bajo los efectos del alcohol, confiando en que hay menos probabilidad de ser detenidos. Sin embargo, aunque el riesgo de ser atrapado sea menor, las consecuencias de un accidente pueden ser extremadamente graves. Lo fundamental es reconocer que, independientemente del control, conducir bajo los efectos del alcohol es un riesgo para uno mismo y para los demás, entendiendo que la responsabilidad personal y colectiva debe prevalecer.
Todo esto refuerza aún más la necesidad de contar con programas de compliance sólidos, efectivos y alineados con las mejores prácticas globales, que sean parte del ADN de la empresa para evitar costos futuros.
No olvidemos que la corrupción distorsiona los mercados, debilita las instituciones y frena el desarrollo de sociedades y empresas, y que, el sector privado juega un rol fundamental en prevenirla. Por lo mismo, actuar con convicción y coherencia, sea cual sea la “moda” del momento, será esencial para lograr valor sostenible a largo plazo. Para esto se necesita de líderes responsables que empujen una cultura de integridad. Esa será la verdadera ventaja competitiva.
Por Susana Sierra
Publicada en La Tercera
