Cuando se habla de crimen organizado, muchos lo asocian de inmediato con escenas de violencia, asesinatos, secuestros o robo de autos. Pero lo que no vemos es todo lo que hay detrás de ese disparo, robo o extorsión. Porque el crimen organizado no es solo violencia: es estructura, poder, estrategia y, sobre todo, es negocio.
En América Latina, su crecimiento ha sido explosivo. Países que antes eran solo rutas de paso, hoy se han convertido en centros operativos. Lo que comenzó con pequeños grupos enviados como avanzada por organizaciones extranjeras, dio paso a la llegada de sus cabecillas y de las bandas expandiéndose en la región, tal como lo haría cualquier empresa que busca crecer: con jerarquías, organigramas, áreas de especialización, uso de tecnología y una visión de largo plazo. Su portafolio se ha diversificado. Ya no solo es narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas, sino también de ciberdelincuencia y operaciones cada vez más sofisticadas. Su fuerza justamente radica en su lógica empresarial, con capacidad de adaptación y expansión, y para sobrevivir necesitan sistemas que puedan vulnerar empresas donde se puedan infiltrar, dinero que puedan lavar y personas que puedan facilitarlo.
Y es que una de las principales puertas de estas redes es el lavado de activos, a través del cual pueden convertir ganancias ilícitas en dinero “limpio” y operar dentro del sistema legal. Para lograrlo utilizan empresas fantasmas, fundaciones ficticias, testaferros, alianzas con negocios legítimos y otros muchos mecanismos que permiten sostener el negocio criminal y escalar su poder.
Así, se aprovechan de empresas que no ejercen los controles preventivos adecuados, que no realizan el due diligence -fundamental para saber con quién se hace negocios-, o bien, se benefician de la desidia y la ingenuidad de quienes no les importa comprar en el mercado informal o que no saben que pueden estar financiando redes criminales.
En Chile, un reciente golpe al lavado de activos demostró esta lógica empresarial en acción. La PDI desbarató una red que lavó más de US$ 13,5 millones para el Tren de Aragua mediante criptomonedas, con recursos provenientes de delitos como el narcotráfico, secuestro, trata y extorsión. Tras una investigación de más de un año, se detuvieron a 52 personas (45 de ellas extranjeras) en siete regiones del país, quienes realizaban labores administrativas para la banda, usando testaferros y empresas de papel para canalizar fondos al sistema bancario y enviarlos a Venezuela, Colombia, México, EE.UU. y España. En total se congelaron más de 250 cuentas de diversos bancos. Este caso confirma que las estructuras criminales no solo actúan con violencia, sino que fabrican complejas redes financieras para sostener su expansión.
Un análisis del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP-UDP) reveló que, en 37 causas con condena por lavado, entre 2023 y 2024, se usaron 62 personas jurídicas. Por ejemplo, la banda “Los Macacos” creó 12 empresas de fachada y una red de testaferros para simular actividad económica y aparentar solvencia. Con esta estructura engañaron al Servicio de Impuestos Internos (SII), a cuatro empresas de factoring y a cinco bancos por más de $ 1.000 millones.
Otro caso ilustrativo en Chile son las barberías, cuyo explosivo crecimiento encendió las alarmas. Hace un año, Contraloría instruyó a los alcaldes a supervisarlas, y en 2024 el SII fiscalizó cerca de 500 locales, detectando que una de cada cinco no emitía boletas o facturas y que un 6% ni siquiera operaba en su domicilio declarado. Si bien no se puede afirmar que todos estos establecimientos estén involucrados en lavado de activos, estos hallazgos podrían ser un indicio.
Por eso, la responsabilidad es compartida. Aunque parezca lejano, cualquiera puede estar alimentando estas redes sin saberlo. Las empresas de fachada funcionan porque el sistema les deja espacio, ya sea por informalidad o falta de fiscalización.
Combatir el crimen organizado no solo exige más que respuestas reactivas en materia de seguridad, sino que requiere atacar los factores que permiten su proliferación. Se necesitan instituciones sólidas, mayor transparencia, prevención, fiscalización efectiva, controles cruzados, sistemas de inteligencia robustos, el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero ilícito, mejor coordinación internacional y una ciudadanía consciente.
Hoy, estas redes ya no operan en las sombras y el verdadero peligro no es solo su existencia, sino que normalicemos su presencia. Porque el crimen organizado no solo comete delitos: construye poder y se infiltra en la economía formal, y cuando no verificamos con quién hacemos negocios, corremos el riesgo de ser parte de su engranaje criminal. Solo entendiendo esa lógica empresarial podemos frenar su avance.
