El crimen organizado y el narcotráfico se han convertido en un tema central, ya que su impacto negativo ha permeado profundamente en la sociedad chilena en el último tiempo.
Estos fenómenos no solo han aumentado en incidencia, sino que han erosionado la confianza en las instituciones, han afectado la economía y han deteriorado la cohesión social, socavando la libertad de los ciudadanos y elevando la sensación de inseguridad. Esto se traduce en menos inversión y en una vida cotidiana marcada por la preocupación y la cautela, afectando así el bienestar general de la ciudadanía.
Los últimos hechos violentos y los ajustes de cuentas que se han conocido recientemente han marcado un punto de inflexión, al punto que motivaron a diversos actores a alzar la voz. Una de esas voces fue la de los empresarios, quienes no solo han manifestado su preocupación, sino que asumieron el rol clave que tienen en la generación de confianza y en la prevención de delitos. No hay que olvidar que las estructuras criminales se insertan en la economía a través del lavado de activos, utilizando empresas para blanquear dinero ilícito, lo que afecta negativamente a las compañías al distorsionar la competencia, aumentar los riesgos operativos y dañar su reputación.
Para dar algunos ejemplos, a principios de este año dos empresas con giro de entretenimiento nocturno en Arica fueron condenadas por la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica a su disolución y cancelación, ya que prestaban estructura legal al crimen organizado. Ambas eran utilizadas por “Los Gallegos”, la facción del Tren de Aragua que opera en esa ciudad, para explotar sexualmente a mujeres que eran ingresadas por la organización a nuestro país con dichos fines. También están siendo investigados rubros como barberías, venta de accesorios para celulares y deliveries, pues se ha detectado que bandas criminales han incursionado en estos negocios para ocultar sus actividades.
Muchos gremios empresariales se han mostrado activos en el combate contra el crimen organizado, elaborando propuestas como las 20 medidas entregadas por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) al gobierno; las realizadas por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) y las de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), cuyo presidente Ricardo Mewes, anunció que recopilarán en un solo texto las propuestas de diversos gremios para actuar de manera transversal.
Si bien es cierto la principal responsabilidad de abordar este problema recae en los gobiernos, es alentador ver que las empresas están asumiendo un protagonismo en el tema, ya que son ellas las que conocen de primera fuente los riesgos a los que están expuestas y los delitos que enfrentan. Esta perspectiva única permitirá una colaboración público-privada eficaz para disminuir la criminalidad y aumentar el bienestar de la sociedad.
Las empresas son agentes de cambio y contribuyen a la equidad social mediante la creación de empleos, la generación de oportunidades y el aporte a los ingresos fiscales. Su participación activa en la lucha contra el crimen fortalecerá su confianza y credibilidad ante empleados, clientes y la comunidad en general, pero también fortalecerá la economía y fomentará un entorno más justo y seguro para todos. Por eso es tan importante que las compañías realicen la debida diligencia a sus socios comerciales, para que sepan con quién están haciendo negocios o quiénes son sus proveedores, y así evitar vínculos con actividades delictivas. Si esto no se lleva a cabo, las buenas empresas pueden terminar siendo cómplices pasivos del crimen organizado al ser utilizadas para lavar dinero o cometer otros delitos.
Los riesgos actuales, incluido el crimen organizado, seguirán desafiando al sector privado y el avance tecnológico dará lugar a delitos cada vez más sofisticados. Asimismo, los conflictos geopolíticos continuarán impactando las cadenas de suministro, las operaciones comerciales y la inmigración; y el cambio climático seguirá afectando nuestro planeta. Superar estos desafíos con éxito demandará un actuar conjunto, asumiendo responsabilidades compartidas, donde la colaboración público-privada será clave para construir un futuro más seguro, resiliente y equitativo.
Por Susana Sierra, directora ejecutiva de BH-Compliance
Publicada en La Tercera
