“Mi representado (…) se vio envuelto en una estafa. Y además se vio envuelto en una presión que lo llevó a realizar un pago que era indebido y que finalmente es soborno. Él ponderó, se asesoró. Y tomó una decisión consciente e informada en términos de decir ‘actué mal y cometí un hecho que reviste las características de delito’. Y toma la decisión de autodenunciarse”.
Las palabras son del abogado de la empresa Best Quality, envuelta en la investigación por administración desleal, fraude al Fisco, cohecho y estafa cuyo protagonista es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Aunque este último es quien ha acaparado la atención del llamado “Caso Farmacias Populares”, conviene detenerse en las palabras del abogado.
Así como para bailar tango se necesitan dos, en la corrupción también. La palabra proviene del latín com, que significa “con” o “juntos”, y rumpere, que significa “romper”. Es decir, la misma acepción da cuenta de que para cometer ese delito deben haber dos partes: el que corrompe y el que se deja corromper.
En este caso, la fiscalía investiga la autodenuncia que hizo la compañía, que demandó a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) -y a Jadue como representante de ésta- por no pagarle una deuda de más de $1.200 millones por la venta de insumos médicos (guantes, mascarillas y termómetros) durante la pandemia del Covid-19. A lo que se sumó su reconocimiento de que pagó coimas en dinero y especies (supuestamente a instancias del alcalde y su círculo) a cambio de concretar futuros negocios.
“Fuimos estafados, fuimos defraudados y se nos hizo cometer el delito de soborno”, insistió el representante de la compañía en una entrevista.
Creo necesario aclarar algunas cosas. Que la empresa se haya autodenunciado no resta gravedad al hecho de que sus ejecutivos cometieron conscientemente un delito. Más bien, parece un último recurso cuando ya se han agotado todas las alternativas. Y el argumento de que se les “forzó” a sobornar no solo no resiste mayor análisis, sino que está en el centro del problema: nadie está “obligado” a coimear. Siempre está la alternativa de rechazar tal posibilidad desde un principio.
Estas justificaciones recuerdan otros argumentos que tan mal le hacen a la lucha contra la corrupción, como “si no lo hago yo, lo hará otro”, “lamentablemente así funcionan las cosas” y “favor con favor se paga”, entre muchos otros.
Está en la naturaleza humana la posibilidad de corrompernos y corromper a otros. Nadie es completamente inmune a ceder frente a un ofrecimiento tentador o irresistible, pero que sabemos que puede ser éticamente cuestionable o decididamente corrupto, porque creemos que el contexto lo amerita. Muchas veces es más fácil autojustificar estas acciones y relativizar sus consecuencias -pensando que si no lo hago podría quedarme fuera de futuros negocios- que rechazarlas de plano.
Los resultados de esa forma de pensar y actuar están a la vista: El último Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional calificó a Chile como “país a observar”. En una escala de 0 (totalmente corrupto) a 100 (totalmente limpio), obtuvimos 66 puntos, lo que nos deja en el puesto 29 de un total de 180 países. En una década hemos retrocedido 7 puntos.
El combate a la corrupción solo es posible si todos nos involucramos activamente y el sector privado es ciertamente un actor clave en ello. Desde los pequeños emprendimientos hasta las grandes corporaciones, el papel que desempeñan en la sociedad los convierte en un importante agente replicador de buenas prácticas.
Hacer lo correcto, no por temor a una sanción, sino por convicción, es un cambio cultural que va más allá de cumplir con la ley. La corrupción nunca va a desaparecer, pero sí puede disminuir si cada uno de nosotros es capaz de rechazarla, venga de donde venga. Una Pyme nunca estará obligada a pagar una coima, por muy poderoso que sea quien la esté pidiendo. Siempre podrá decir “No” y luego denunciar el hecho a la justicia, en lugar de tener que autodenunciarse porque “se vio obligada a hacerlo”.
Hoy, más que nunca, el sector privado tiene el deber de dar el ejemplo y ser un aporte en la recuperación de la confianza que como sociedad estamos perdiendo con cada nuevo caso que se conoce.
Por Susana Sierra, directora ejecutiva de BH-Compliance.
Publicada en La Tercera
