Este caso deriva de la formalización por cohecho y falsificación de instrumento público contra el entonces Director de Obras de la Municipalidad (DOM) de Recoleta, Carlos Reyes Villalobos, acusado por dos empresarios de la comuna de solicitarles coimas.

En la indagatoria se ve involucrada la empresa Carpediem, representada por Mercedes Contreras, quién solicitaba regularizaciones de la mayoría de las carpetas de edificación del DOM. Contribuyentes de Recoleta declararon en la fiscalía que el DOM los acosaba con multas o amenazas de clausura, derivándolos a que contrataran a la empresa Carpediem.

Tras sentirse amenazada, Mercedes Contreras se autodenunció y cooperó con la investigación, y es ahí cuando se ve implicada la empresa Industrias Ceresita S.A. Así, la Fiscalía descubrió que en junio de 2011, María Cristina Vargas, Gerenta de Recursos Humanos de Industrias Ceresita, se había reunido con Carlos Reyes para que la firma tuviera permiso para operar falsamente una bodega en la comuna.

Ante la demora en la tramitación de esos permisos, Reyes sugirió a Vargas contratar la asesoría de Carpediem. De esta manera, en diciembre de 2011, Ceresita contactó a Carpediem y dos días después, Reyes emitió las autorizaciones municipales, a pesar de no contar con certificado de recepción final de obras ni autorización sanitaria ni patente comercial, y en circunstancias que el plan regulador de la comuna prohíbe el giro de industria en la zona donde se ubicaba el inmueble.

En enero 2012, el entonces director de obras recibió $11 millones de parte de Carpediem.

Ceresita habría pagado sobornos por más de $20 millones a Reyes.