¿Qué pasó?
La firma de capitales canadienses habría pagado US$7 millones al entonces alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, para que desistiera de un juicio ambiental en su contra, siendo imputado por fraude al fisco y condenado por otros delitos de corrupción.
En esto intervino Miguel Troncoso, por parte de Minera Candelaria, a quien se le imputó como autor del delito consumado de soborno, ilícito que habría perpetrado entre 2013 y 2015, cuando se desempeñaba como exdirector de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la minera.
El Ministerio Público dijo que, en 2015, el diputado Jaime Mulet y los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselín -como asesores del municipio- por cohecho pasivo, pues se habrían concertado para desplegar conductas criminales y facilitar los medios para que el jefe comunal incurriera en otros ilícitos.
De los US$ 7 millones, US$ 3 millones ingresaron a las arcas municipales, y US$ 4 se destinó a los honorarios de los abogados imputados en esta causa.
Los tres fueron formalizados, y tienen una querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que, según el organismo, se habrían coludido con el municipio para obtener ganancias en un acuerdo con la empresa minera. La querella también iba en contra de tres funcionarios municipales, y más tarde, el 1 de septiembre de 2020, el CDE amplió la querella a la Compañía Minera Candelaria bajo la Ley N°20.393.
En marzo de 2021, fue la audiencia de formalización de Minera Candelaria como persona jurídica por su responsabilidad en el delito soborno del artículo 250 del Código Penal, en relación con lo dispuesto en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En marzo 2022 el CDE presentó una tercera ampliación de querella criminal interpuesta en 2019 en el proceso en que se investigan graves delitos de corrupción en perjuicio de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en el marco del procedimiento para obtener la continuidad operacional de la Sociedad Contractual Minera Candelaria, por delitos de cohecho, prevaricación y lavado de activos. La ampliación se fundó en el avance de la investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Atacama e imputa responsabilidad penal a los exfuncionarios municipales Jaime Bahamondes y Jorge Brito; así como a los entonces asesores legales del municipio, Carlos Bosselin, Ramón Briones y Jaime Mulet.
En diciembre 2022, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de la Fiscalía Regional de Atacama para desaforar al diputado Jaime Mulet, considerando que las conductas por las que se intentó llevar a juicio al legislador no revestían la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo de su fuero.
En diciembre de 2023, el Juzgado de Garantía de Copiapó dictó sobreseimiento definitivo del diputado Jaime Mulet
El exalcalde Osvaldo Delgado falleció a fines de 2021.
