¿Qué pasó?
En abril de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de cinco ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral S.A. -ubicada en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena- para que se investigue su responsabilidad penal por fraude de subvenciones en contra del Estado.
Esto, en consideración a que la empresa percibió alrededor de $60 mil millones, entre 2016 y 2019, como beneficio tributario contemplado en la Ley Navarino (que obliga a las empresas al cumplimiento racional de la utilización de recursos naturales que aseguren la preservación de la naturaleza y el medio ambiente), adulterando información en materia de mortalidad en los centros de acuicultura, además de alterar artificialmente las condiciones ambientales de los cuerpos de agua y sedimento, lo cual le permitió obtener fraudulentamente cuantiosos recursos emanados de la Ley Navarino.
El 22 de mayo de 2020, el CDE obtuvo como medida cautelar que se retuvieran las bonificaciones pendientes de pago a Nova Austral, por un monto que bordea los $7 mil millones. Del mismo modo, se presentó una ampliación de su querella, ahora en contra de la persona jurídica Nova Austral S.A., fundada como delito base en el previsto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que persigue el daño sobre los recursos hidrobiológicos como consecuencia de la introducción de agentes contaminantes en los cuerpos de agua.
En marzo 2022, la Fiscalía de Magallanes formalizó a cuatro exejecutivos de la salmonera, por los delitos de fraude de subvenciones y contaminación de agua. Esto, luego que se constatara que se informaron datos falsos sobre cantidad de peces sembrados y cosechados, y se modificó las tasas de mortalidad en los centros productivos con la finalidad de engañar a la entidad fiscalizadora. A ello se suma también la introducción de químicos al mar que esterilizaban a los animales. Según fiscalía, entre los años 2016 y 2019, el exgerente general, junto al exgerente de agua dulce y el exgerente regional de Nova Austral, habría ideado un mecanismo para informar falsamente los datos de la empresa a las autoridades fiscalizadoras.
La empresa habría obtenido también bonificaciones por la llamada Ley Navarino, por lo cual se calcula que Nova Austral habría obtenido bonificaciones superiores a los $50 mil millones.
Sin embargo, el 19 de marzo de 2024, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio luz verde a la suspensión condicional del proceso penal en contra de Nova Austral por el delito de contaminación de aguas y fraude de subvenciones.
La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral disponga de alrededor $7 mil millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República (TGR), destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII.
Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explícita en el acuerdo.
Organizaciones ambientales rechazaron la medida tomada por el Juzgado y acusaron “millonario perdonazo” a la empresa.
