A propósito de las elecciones presidenciales, y del bien que cada candidato quiere hacer al país, hay que recalcar el interés general por mejorar los estándares de probidad y transparencia Son aspectos tan importantes que, si no se miden y se controlan, pueden terminar entorpeciendo el resto de las políticas públicas que abogan por conseguir un mayor crecimiento y una mejor calidad de vida para todos. Es un ámbito que, además de ser relevante para la economía, se ha vuelto también una seria preocupación para los ciudadanos a nivel mundial, que esperan que se adopten medidas concretas para que el sector privado no siga incurriendo en malas prácticas corporativas.
Sin embargo, y volviendo al punto anterior, de poco sirve implementar nuevas leyes si no se evalúa cómo están funcionando las que actualmente son aplicadas. La tarea de combatir la corrupción queda a medias. El caso de Carabineros, por ejemplo, demostró que en organismos del Estado hay corrupción y que no se estaban aplicando los controles necesarios. Por lo tanto, fiscalizar, incentivar la denuncia y que se proteja a quien se atreva a delatar son puntos indispensables y deberían estar en todos los programas de gobierno de los aspirantes a La Moneda.
Otra sanción ejemplar puede castigar a los funcionarios públicos que hayan incurrido en corrupción, quitándoles la oportunidad de ejercer un nuevo puesto en el sector. Enfocarse en las irregularidades cotidianas que ocurren en los municipios, que involucran a los alcaldes y que deberían cumplir las mismas normas de «compliance» que el sector privado, y simplificar procedimientos burocráticos que llevan a más corrupción.
Hay numerosas soluciones que podrían ayudarnos a ser un mejor pais: penalizar la corrupción entre privados, norma que pasó a su tercer trámite legislativo y que esperamos se apruebe en pronto; seguir las recomendaciones de la OCRE para ser más eficientes persiguiendo el cohecho; preocuparse para que los delitos por corrupción no prescriban en un plazo tan corto, y asumir un compromiso real de parte del sector privado, más allá de los discursos y los códigos de ética. Todas ellas son tareas pendientes. Con un nuevo gobierno tenemos una oportunidad para llevarlas a cabo.
Por Susana Sierra
Fuente: La Segunda
