Últimamente los conflictos de interés se han tomado la contingencia política. Primero fueron los casos Bancard y Dominga, que complicaron al ex Presidente Sebastián Piñera, y después la Ley de Probidad, que exigió 
la declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos con el fin de alejar la corrupción de las filas estatales y del Poder Legislativo, para que en definitiva deje de haber «malos entendidos».
Pero los conflictos de interés son más cotidianos de lo que a simple vista creemos. Están a la orden del día y cualquiera de nosotros puede enfrentar uno. Cuando una situación nos enreda debemos escucharnos, si nos «duele la guata» es porque hay algo que debemos trasparentar, siendo proactivos y actuando con un criterio preventivo. No esperemos a que un control fiscalizador o un tercero nos detenga. De lo contrario, podemos incurrir en prácticas irregulares que pueden convertirse en delitos. Es sólo cuestión de poner sobre la mesa aquello que se está omitiendo, dando espacio a optar.
Es al interior de las firmas, instituciones y organizaciones donde se debe velar por un correcto funcionamiento. Y para eso es necesario que cada persona se haga responsable de lo que debería informar. Por otro lado, la
contraparte puede pedir periódicamente una declaración patrimonial y de intereses, no limitada sólo a intereses personales. También puede considerar intereses familiares, de amistades y otros lazos relevantes. En este contexto, la tarea de los controles efectivos también puede ser encargada a organismos externos; si hay una regla que no se cumple, también es correcto sancionar de manera que no vuelvan a caer en la misma irregularidad.
Para que una empresa obtenga buenos resultados, más allá de incentivar las ventas, es necesario cerciorarse que los trabajadores estén alineados con los objetivos, que así como conocen sus derechos, también sepan cuáles son sus deberes y qué es lo que arriesgan frente a un conflicto de interés. De no tomarse este tema con seriedad, las firmas arriesgan daño a la imagen corporativa (lo que se suma a un aumento de costos para restablecer la confianza), tráfico de influencias, fuga de clientes por mala reputación, y desconfianza pública.
