¿Qué pasó?
Entre abril de 2014 y abril de 2015, Enrique Yamil Alul González se desempeñó en el cargo de Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en la Región del Maule, donde también fue funcionario Guillermo Teobaldo Bravo González.
Ambos, recibieron dineros de la Consultora Capacitación y Desarrollo Educer Ltda., concretamente de manos de Alexis Edgardo Silva Delgado, cónyuge de la socia mayoritaria de la consultora, Paola Andrea Bertrand Milano (99%), con el fin de favorecer a la empresa en millonarias licitaciones: (a) la adjudicación del proyecto “Capacitación para pesca artesanal borde costero Región del Maule”; (b) ejecución del proyecto seminario OMIL, y (c) la adjudicación del derecho a ejecutar 94 cursos en el primer llamado regular de la iniciativa de gobierno llamada “Más Capaz” destinada a microempresarios.
Mientras Alul recibió $ 10.500.000, Bravo recibió $ 3.000.000.
Según los antecedentes planteados en la audiencia de formalización, Educer era una empresa que anualmente se adjudicaba muy pocos proyectos. Pero entre abril del 2014 y abril del 2015 esa cifra aumento a cerca de un centenar gracias las gestiones que realizaron ambos imputados (Alul y Bravo), quienes antes de ingresar a este servicio público formaban parte de Educer.
En este contexto, Educer no dio cumplimiento a sus deberes de dirección y supervisión, al no adoptar medidas ni implementar un modelo para prevenir delitos como el cometido”, añade.
Condenas
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca condenó, con costas, a Enrique Yamil Alul González a 540 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en calidad de autor del delito consumado de cohecho de funcionario público. Ilícito perpetrado en Talca, entre abril de 2014 y abril de 2015.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Alul González la accesoria legal de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos por el término de 5 años y un día; más el pago de una multa a beneficio fiscal de $10.500.000, equivalente al monto obtenido fraudulentamente.
En tanto, el funcionario encargado del programa “Más capaz” del Sence, Guillermo Teobaldo Bravo González fue sentenciado, en costas, a 540 días de pena remitida, accesoria legal de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos por el término de 5 años y un día y al pago de una multa a beneficio fiscal de $3.000.000, como autor del delito consumado de cohecho de funcionario público.
En el caso de Alexis Edgardo Silva Delgado, gerente y operador de la empresa Consultora Capacitación y Desarrollo Educer Limitada, el tribunal lo condenó en costas, a 60 días de prisión, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por un año; accesoria legal de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos por el término de 5 años y un día; y al pago de una multa a beneficio fiscal de $13.500.000, como autor del delito consumado de cohecho de particular.
Durante el cumplimiento del beneficio otorgado, los condenados deberán estar sujetos al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social correspondiente a sus respectivos domicilios, “debiendo además cumplir, durante el período de control, con las condiciones del artículo 5° de la citada ley”.
Finalmente, la consultora Educer Limitada fue condenada por su responsabilidad penal de la persona jurídica pen calidad de autora del delito de cohecho. Se estableció la pérdida del 20% de los beneficios fiscales obtenidos fraudulentamente; el pago de una multa a beneficio fiscal de 400 UTM, que deberá pagar, una vez esté ejecutoriada la sentencia, ante la Tesorería General de la República; y dar cumplimiento a la pena accesoria de publicar, a su cargo, un extracto de la parte resolutiva de la sentencia en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional.
