¿Qué pasó?

Se trata de una investigación que lleva adelante la Fiscalía desde 2018 en varias regiones de Chile por el pago de sobornos por parte de la empresa Itelecom a diversos municipios para adjudicarse licitaciones de recambio de luminarias led. Las coimas pagados se hicieron en los distintos municipios a través de operadores locales y estas giraban en torno al 5% y 10% del contrato en el caso de licitaciones a corto plazo.

La investigación comenzó en la Región de Tarapacá luego de que Itelecom se adjudicara una licitación para el recambio de luminarias en Iquique por $6.550 millones, donde participaron más de 10 empresas. Tras esto, el alcalde de Tarapacá, Mauricio Soria, recibió una denuncia anónima alertando irregularidades, lo que fue derivado al Ministerio Público, que intervino teléfonos de involucrados. La PDI grabó a concejales de la comuna mientras les entregaban dinero.

De manera casi simultánea, se investigaban los mismo delitos en la municipalidad de Chillán. Así, en mayo de 2020, el caso salió a la luz pública, cuando el dueño de Itelecom, León Marcelo Lefort fue detenido junto al exasesor jurídico de Chillán y ex Juez de Policía Local en la comuna de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez. Esto, cuando Lefort le pagara $37 millones en efectivo a Campos, como comisión por facilitar las bases técnicas y administrativas, además de la pauta de evaluación de las ofertas vinculadas al proceso de licitación que llevaba la Municipalidad de Chillán, antes de su publicación en Mercado Público, con el fin de que ganara la licitación. También fue detenido el entonces administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios. Todos fueron formalizados: Vallejos, por cohecho; Campos, por cohecho y violación de secreto; y Lefort, por soborno, quedando todos en prisión preventiva. Además, la Fiscalía abrió una arista por lavado de activos, por lo que se decretó que ambas causas fueran declaradas secretas por la justicia.

En Iquique, la fiscalía imputó cargos por los delitos de cohecho, violación de secreto, fraude al Fisco, lavado de activos y asociación ilícita a 15 personas: cuatro concejales, dos funcionarios municipales, al gerente general y dueño de Itelecom, León Marcelo Lefort y al subgerente de la empresa, Pedro Guerra Guerrero; a tres representantes de la empresa Elec y a un intermediario entre las empresas; dos personas particulares que eran los mediadores a nivel regional y a un abogado del municipio.

A medida que transcurría la investigación, el Ministerio Público estableció que el modelo de sobornos que ofrecía Itelecom para adjudicarse las licitaciones se repitió en varias comunas, siendo 11 los municipios indagados.

Por lo mismo, en junio de 2020, el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la fiscal Nayalet Mansilla a la cabeza de la investigación a nivel nacional, dada la gravedad y complejidad de las denuncias.

Sin embargo, los antecedentes que se fueron conociendo develaron un verdadero esquema de corrupción, donde Itelecom reclutaba testaferros y personas en situación de calle, ofreciéndoles dinero a cambio de firmar documentos notariales para fundar empresas de papel. Con esto, la empresa emitía boletas ideológicamente falsas, que les justificar los gastos que, en realidad, servían para pagar sobornos.

En marzo de 2022, el Ministerio Público formalizó a las empresas del grupo Itelecom por la responsabilidad penal de la persona jurídica, argumentando que el holding no cumplió con la Ley 20.393, pues no contaba con un modelo de prevención de delitos efectivo hasta el año 2019, cuando fue pedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para entregar financiamiento, no existiendo un efectivo control de las actividades de sus directivos.

El 24 de enero 2024, se realizó una nueva audiencia de formalización en el marco del caso, por la responsabilidad penal de la persona jurídica de las empresas del Grupo Itelecom en la arista del caso en Puerto Natales.

Actualmente el caso continua en proceso de investigación.

Algunas aristas

  • Ministerio de Energía: El exfuncionario de División de Eficiencia Energética en la Subsecretaría de Energía, Paul Pacheco, fue formalizado por cohecho y violación de secreto, tras recibir pagos por más de $184 millones por parte de Itelecom, a cambio de favorecer a la empresa en los procesos de licitación de luminarias LED en municipios del país. En total, se trató 64.575 luminarias aproximadamente. Pacheco, desde su cargo, debía actuar en los procesos de confección de bases de licitación para el recambio de luminarias de alumbrado público de diversas comunas, además de integrar las respectivas comisiones evaluadoras en los distintos procesos licitatorios.
  • Negrete: En diciembre de 2020 fueron allanadas las oficinas del director de la Secretaría de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Negrete, David Encina Fonseca, al igual que su domicilio particular. Esto porque se presumía ser el enlace entre Itelecom y el municipio para adjudicarle el recambio de luminarias led. Encina fue formalizado por el presunto lavado de activos entre 2018 y 2020, periodo durante el cual habría realizado diversas maniobras para usar dineros recibidos como parte de sobornos, ocultando el origen ilícito de dichos pagos. Los sobornos pagados en efectivo a Encina durante el 2018 ascendieron a cerca de $45 millones, y con ellos compró dos terrenos y un estacionamiento en un edificio, según el Ministerio Público. Asimismo, el alcalde de la comuna, Francisco Melo Márquez, figuraba como imputado por el delito de cohecho y violación de secreto, quien estuvo en prisión preventiva.
  • Putaendo: La municipalidad tenía un contrato de $658 millones adjudicado a Itelecom, llamado “Mejoramiento Alumbrado Público rural”, contando con cerca de mil 600 luminarias LED. En julio 2021 fue allanada la municipalidad, siendo incautados todos los equipos tecnológicos ubicados en la Secretaría de Planificación Comunal, correspondientes a computadores, teléfonos móviles y otros artículos. Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, reconoció que, en el caso de Putaendo, sus ejecutivos llegaron al entonces alcalde (s) Fabián Muñoz, a través de Cristián Ureta, otro de los imputados como participante de esta supuesta asociación ilícita. El subgerebnte de Itelecom, Pedro Guerra indicó en su declaración que hubo un grupo de funcionarios en servicio activo que evaluó las propuestas y adjudicó el puntaje más alto a Itelecom: se trata del director de Obras Municipales y el director de la Secretaría de Planificación Comunal, a quienes se les pagó “en efectivo y en bolsas de basura”.
  • Puerto Natales: entre 2019 y 2020, el municipio de Puerto Natales hizo tres llamados a licitación para reponer las luminarias de la ciudad. El objetivo era reemplazar 3.220 luces con equipos de tecnología LED por un costo de $1.670.000.000 aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dos licitaciones fueron revocadas, mientras que la tercera fue adjudicada a cuatro empresas, incluyendo Itelecom. Sin embargo, la licitación habría estado ajustada para esta última.
    Según la investigación, Itelecom ofreció dinero de manera directa o a través del imputado Cristián Ureta; al entonces alcalde, José Fernando Paredes y al encargado municipal de luminarias, Andrés Matulich.
    En enero 2024, se sumó un nuevo cargo en la investigación, pero contra la firma Itelecom, por su responsabilidad jurídica.
  • Coyhaique: la indagatoria apunta al exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala y para Julio Villarroel, exjefe de planificación comunal, a quienes se les imputan los delitos de cohecho y vulneración de secreto. Esta investigación data de 2015, con una licitación de $1.800 millones para el recambio de luminarias en la ciudad y se extiende a 2017, con una segunda iniciativa por poco más de $40 millones. Ambas fueron ejecutadas por Itelecom, lo que según la acusación generó que Huala y Villarroel recibieran sobornos por sobre los $300 millones, lo que el Ministerio Público tendría acreditado en siete cheques recibidos por los imputados.
  • Recoleta: La relación de Itelecom y la municipalidad de Recoleta se remonta a 2018, cuando Itelecom se adjudicó la mantención del alumbrado y el cambio de luminarias existentes por otras de mayor tecnología, por $ 10.259.454.000, durante 10 años.
    En enero de 2021, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la municipalidad de Recoleta. Esto, tras interceptar escuchas telefónicas de Ramón Sepúlveda, quien era asesor del alcalde Daniel Jadue y es su abogado en otra investigación por corrupción (Farmacias Populares). En una conversación de septiembre de 2019 entre Sepúlveda y Lefort, se abordó una donación de $50 millones realizada por Itelecom para el festival Womad 2019, dependiente de la corporación municipal.
    Por otro lado, se indaga una eventual triangulación de fondos, lo que también surge a partir de una escucha entre Sepúlveda y Lefort. En abril de 2023 la fiscalía anunció la apertura de una investigación penal por “la supuesta pérdida de escuchas telefónicas”. Esto, luego de que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI advirtiera al Ministerio Público que faltaban alrededor de 30 escuchas telefónicas, correspondientes, en su mayoría, a contactos entre Lefort y el alcalde Jadue, además de Sepúlveda y dos funcionarios de la municipalidad. Del total, solo se encontraron 3 escuchas y otras 5 que estaba transcritas en un informe policial. Una fue usada por la Fiscalía en 2021 para pedir el allanamiento de la municipalidad y el alzamiento de las cuentas bancarias de Jadue.
  • Puente Alto: en esta arista, se sindica al abogado Álvaro Lavín como nexo entre los gerentes de Itelecom y la comisión evaluadora de la municipalidad de Puente Alto que lidera Germán Codina. En 2018, Lavín habría tomado contacto con Christian Gore, quien era el administrador municipal y quien lideraba la comisión evaluadora del proceso de licitación de luminarias led, para ofrecer beneficios económicos a cambio de asegurar la adjudicación de Itelecom.
    En este caso la fiscal Mansilla pudo desentramar lo que había ocurrido gracias a las declaraciones de dos exejecutivos de Itelecom, y hoy imputados, que renunciaron a su derecho a guardar silencio. En el alzamiento del secreto bancario de Christian Gore, se registran 66 pagos mediante depósitos en efectivo en su cuenta corriente por $ 203.420.000 en fechas paralelas a las licitaciones. Además, en julio de 2022 el mismo dueño de Itelecom, Marcelo Lefort confesó el mecanismo: “Con Lavín realizamos un acuerdo económico del pago de sus servicios en donde acordamos un pago de $ 15 mil por luminaria, a cambio de la asesoría y asegurarnos que el proyecto fuera adjudicado a Itelecom. Él aseguraría que en el proceso de evaluación saliéramos elegidos”.
  • Empresas fantasma: La empresa GLH Ingeniería y Consultores SpA, de George Latrille Hucke, era uno de los principales proveedores de Itelecom, la que emitió boletas por arriendo de personal y maquinarias para la minería y luminarias por un total de $650 millones. Sin embargo, GLH era una empresa fantasma que nunca tuvo trabajadores.
    La investigación demostró que se montó un sistema para captar a personas en situación de calle o con problemas económicos para que firmen documentos notariales y crearan empresas de papel. Así, Itelecom podía justificar los gastos en sobornos.


Condenas:

(A la fecha)

En marzo de 2024, la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, a cargo de la investigación del caso Luminarias a nivel nacional, obtuvo condenas para cuatro imputados por delitos de corrupción, quienes fueron sometidos a procedimientos abreviados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de:

  • Paul Pacheco, exfuncionario del Ministerio de Energía, quien fue condenado a 541 días de reclusión y multa de $55 millones por el delito de cohecho reiterado, más 541 días de presidio y 100 UTM por lavado de activos, otros 541 días de presidio y multa de 20 UTA por facilitación maliciosa de facturas falsas para cometer delitos tributarios reiterados, y multa de 10 UTM por violación de secretos. A ello se suma el comiso de una casa, vehículos, y derechos societarios y depósitos que poseía en instituciones financieras; la suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena e inhabilitación por siete años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas del Estado o que contraten con este.
  • David Encina Fonseca, secretario de Planificación de la Municipalidad de Negrete, recibió una pena de 400 días de reclusión y multa de $25 millones, por el delito de cohecho, más otros 400 días y multa de 100 UTM por lavado de activos. Se le agrega otra multa de 5 UTM, por violación de secretos. Además, suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, y la inhabilitación por siete años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas del Estado o que contraten con este.
  • George Latrille Hucke, el tribunal le impuso una condena de 700 días de reclusión y multa de 37 millones de pesos por el delito de soborno. Se le suman otros 700 días de presidio y el pago de 20 UTA por facilitación maliciosa de facturas falsas para cometer delitos tributarios reiterados, y otros 425 días de reclusión, como partícipe en el delito de asociación ilícita. Además, suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, y la inhabilitación por siete años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas del Estado o que contraten con este.
  • José Hidalgo Abarzúa, recibió una pena de 541 días de presidio y multa de 20 UTA, por facilitación maliciosa de facturas falsas para la comisión de delitos tributarios reiterados.
  • Andrés Matulich Silva, encargado municipal del área de luminarias de Puerto Natales, quien fue condenado a 3 años y un día de presidio, multa por el cohecho de $67 millones, y otra por la violación de secretos ascendiente a 20 UTM, más las inhabilidades propias por ser funcionario público.

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