La denominada Operación Tokio ha expuesto una de las estructuras de lavado de activos más relevantes conocidas recientemente en el país. La investigación del Ministerio Público (MP) y Policía de Investigaciones (PDI) da cuenta de una red que habría movilizado en Chile montos del orden de US$75 a US$80 millones entre 2022 y 2025, utilizando cuentas bancarias, empresas y plataformas de criptoactivos para diseminar fondos y sacarlos del país, en una operación vinculada al Tren de Aragua.
A pesar del éxito a nivel policial de esta operación, se han planteado fuertes dudas respecto al adecuado funcionamiento de las estructuras para la prevención del lavado de activos; desde la confiabilidad de las áreas de control interno de los bancos, el análisis oportuno de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y en efectivo (ROE) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la efectividad y eficiencia en la coordinación entre la UAF y el MP y la coordinación interna del propio MP. Probablemente seguiremos escuchando más sobre esto en las próximas semanas.
Sin apuntar a responsabilidades específicas de este caso particular, pareciera que la pregunta que subyace es ¿estamos más organizados que el crimen organizado?
Se trata de una pregunta fundamental, porque nos invita a reflexionar sobre qué creemos que significa “estar organizados” en términos de los resultados, porque ciertamente existen instituciones y regulación normativa; la industria financiera es una de las más reguladas del mercado y tenemos instituciones cuyo objetivo es precisamente velar por la prevención y detección del lavado de activos.
En mi opinión, en primer lugar, la regulación es pertinente y útil (Ley N°19.913), principalmente en la realización de los KYC (know your customer) y la reportería ROS y ROE, sin embargo, lo que falló fue su uso coordinado. Por esta razón, expongo a continuación algunos factores que podrían ayudar a mejorar los análisis y cooperación entre las instituciones:
Esta cooperación debe materializarse desde el interior de las propias instituciones financieras, especialmente y, como tendencia actual, en la fusión entre las unidades encargadas de la detección de fraude y lavado de activos o “FRAML”, impulsado por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entre otras organizaciones.
Adicionalmente, una de las tendencias más comentadas este último tiempo, es la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial (IA) para favorecer el funcionamiento de controles preventivos en las compañías. Con esto me refiero, por un lado, a la integración y cruce estratégico de la data para generar modelos predictivos, con lo cual se busca la identificación más temprana de patrones delictivos. Por otro, se espera favorecer el monitoreo continuo y “en tiempo real” de las operaciones, lo cual permite actuar de forma oportuna.
En segundo lugar, no basta con la coordinación interna de las áreas de la empresa, ya que el crimen organizado ha elaborado esquemas sumamente sofisticados y que operan a nivel interbancario. Por lo mismo, es primordial avanzar sobre la base de estándares gremiales, por ejemplo, desde la ABIF (Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile). En este contexto, las instituciones financieras pueden compartir buenas prácticas, hallazgos y red flags, porque el manejo común de criterios significa un beneficio para todos. En el Report to the Nations 2026 de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados) indica que el fraude empresarial se lleva aproximadamente el 5% de los ingresos anuales de las organizaciones, por lo que, mientras más mancomunado sea el esfuerzo, menos pierden todos los actores.
También —hoy más que nunca— debe seguir promoviéndose una estrategia público-privada colaborativa, como la MILAFT (Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo)). Es peligroso que la interacción entre el Estado y las empresas se torne inquisitiva, ya que lo único que se logra es que los requerimientos normativos —por de pronto los ROS y ROE— se consideren como burocracia y, por lo tanto, pierdan la sustancia y agudeza que realmente los hace útiles, es decir, que se reporte sin mediar el sentido común o, en buen chileno, se “reporte por cumplir”. En esta dirección, es crítico que el Estado promueva claridad en el planteamiento de estrategias y resultados esperables, considerando las buenas ideas que se levanten desde la propia industria.
Finalmente, es esencial que exista colaboración internacional: este ha sido uno de los criterios que se ha reiterado con más fuerza, siendo una de las temáticas principales a observar para el combate contra el crimen financiero, por ejemplo, en la iniciativa United Against Corruption de la ONU vigente desde 2003, pues el crimen siempre —como el curso del agua— encontrará la forma de avanzar, y el no encontrarnos alineados a nivel internacional es, con toda seguridad, el facilitar su avance.
Por Francisco Bilbao
