Concluida la fase de alegatos que llevó a cabo el Ministerio Público de Argentina contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra pública, conocido como Caso Vialidad, el fiscal general, Diego Luciani, pidió una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández, quien gobernaba el país al momento de los hechos. Además, habría solicitado el decomiso de bienes involucrados en los delitos por un total de casi US$ 1.000 millones,
La investigación busca establecer si Fernández y otros exfuncionarios de su gestión, favorecieron a firmas del empresario Lázaro Báez al momento de licitar decenas de obras públicas en la Santa Cruz (Patagonia), muchas de las cuales podrían haber tenido sobreprecios o no habrían sido concluidas. Muchos expertos sospechan que los capitales supuestamente desviados habrían vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas.
De esta forma, la vicepresidenta argentina es acusada junto a los exfuncionarios por delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus mandatos, entre 2007 y 2015.
El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos argentinos (US $38 millones 200 mil) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a asesores de su gobierno, como el exministro Julio de Vido.
El fiscal Diego Luciani dijo a diario La Nación que la condición de Presidenta de la Nación de Cristina Fernández al momento de los hechos, “hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, ya que “interpuso su interés personal sobre el interés público”.
Ella anunció desde Twitter que solicitó volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Y el martes 23 de agosto, dio un discurso a través de redes sociales desde su despacho en el Senado, del que es Presidenta-, donde dijo que “este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, además de lamentar la “persecución política y mediática» en su contra.
Por su parte, a través de un comunicado, Presidente Alberto Fernández dijo que “el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», y que ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado».
Está previsto que los alegatos finales de las defensas comiencen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca en diciembre, aunque Fernández podría apelarla a tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final.
Además, se debe tener en cuenta que Fernández tiene inmunidad por los cargos que ostenta.
Imagen: La Tercera
