La fiscalía guatemalteca confirmó el lunes que de oficio inició una investigación contra 20 personas señaladas en una lista del Departamento de Estado estadounidense de socavar el estado de derecho y participar en corrupción en el país centroamericano.
El departamento de prensa de la institución dijo que la fiscalía de delitos administrativos conocerá los casos, sin entrar en detalle sobre el avance de la investigación.
Veinte personas, entre ellas 18 que ya son procesadas e investigadas en Guatemala por corrupción, fueron nombrados en la llamada Lista Engel el 1 de julio y se les revocó la visa de entrada a los Estados Unidos.
En el listado aparecen personajes como el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Váquez Pimentel, investigado por el amaño en la elección de magistrados de Justicia. También Manuel Duarte Barrera, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que abusando de su autoridad influyó y manipuló la elección de jueces, según el Departamento de Estado.
También nombró a los diputados Jorge Estuardo Vargas Morales, Felipe Alejos Lorenzana y los exdiputados Boris España Cáceres y Delia Bac, acusados de actos de corrupción que socaban las instituciones y procesos democráticos con sobornos, coerción y tráfico de influencias, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Además, incluyó a los activistas de ultra derecha Raul Amilcar Falla Ovalle y Ricardo Méndez Ruiz por obstruir procesos penales contra exfuncionarios y militares acusados de cometer actos de violencia, acoso e intimidación contra funcionarios gubernamentales o no gubernamentales que investigan casos de corrupción.
La activista de derechos humanos Helen Mack dio poco crédito al anuncio de la fiscalía tras considerar que la fiscal general Consuelo Porras ha demostrado que no apoya a la justicia.
“Cómo va avanzar si ella es parte de esa cooptación del estado y la justica por parte de las mafias”, aseguró Mack a The Associated Press.
En junio, Porras se rehusó a autorizar la petición de retiro de inmunidad del magistrado Vásquez Pimentel y apenas lo hizo un día después de que éste fuera juramentado por el Congreso para ocupar una magistratura constitucional y quedase bajo protección de inmunidad constitucional.
“Con la Fiscal General estamos perdidos porque ella es cómplice de esas mafias y especialmente su compromiso obedece con todo lo que tiene que ver con el expresidente Jimmy Morales (quien la nombró) y el presidente Alejandro Giammattei, (quien ha dicho que es su amiga y podría reelegirla en el cargo)”, subrayó Mack.
Porras también ha dado validez a varias denuncias que los activistas de ultraderecha Falla y Méndez Ruíz han hecho contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, uno de los fiscales más reconocidos a nivel nacional e internacional por su lucha contra la impunidad y corrupción.
Además, el Departamento de Estado también incluyó en la lista a otros 30 funcionarios, empresarios y políticos de El Salvador y Honduras.
Ricardo Zúñiga, enviado especial para Centroamérica, ha dicho que esta es la primera lista de varias que se presentarán sobre personajes en la región que están involucrados en corrupción, la cual —según el gobierno estadounidense—, repercute en la migración centroamericana hacia Estados Unidos.
Fuente: Chicago Tribune
