En 2014 se destapó el caso Lava Jato, la mayor red de corrupción en América Latina, que involucró a empresas brasileñas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito a campañas políticas. Este caso se reveló cuando se comenzó a investigar un negocio de lavado de autos, que terminó encontrando una operación sin precedentes en la región.
La constructora Odebrecht fue la empresa más famosa involucrada en los hechos, que pagó coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países, y que confesó delitos ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza en 2016.
Han pasado seis años, y la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que conforman periodistas y medios de comunicación de nueve países, realizó un análisis de este caso llamado “Viaje al centro de Lava Jato”, con el fin de revisar lo sucedido en los últimos años y escrutar cómo enfrentó cada país este caso.
Entre los medios que participaron del reportaje, se cuentan La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
A través de la investigación, los periodistas detectaron que gran parte de las millonarias coimas pagadas a funcionarios y políticos latinoamericanos, en detrimento de las arcas fiscales, no han sido recuperadas por los gobiernos de los países involucrados. Incluso, en países como Argentina, Venezuela y México, la justicia no ha emitido ninguna sentencia en contra de políticos y funcionarios acusados de participar en la red de corrupción.
De hecho, en estos años solo se dictaron 68 sentencias contra de acusados fuera de Brasil, y la revisión de las penas demuestra la impunidad que impera en la región.
En concreto, en 2016, Odebrecht admitió en Brasil, Estados Unidos y Suiza que pagó sobornos en la Argentina por US$ 35 millones, aunque el monto real ascendería a US$ 59 millones, y admitió apenas US$ 11,1 millones en coimas en Colombia, pero habría abonado US$ 56,7 millones. Lo mismo ocurrió en México (US$ 10,5 millones y US$ 24 millones), Panamá (US$ 59 millones y US$ 73 millones), Venezuela (US$ 98 millones y US$ 142 millones), Ecuador (US$ 33,5 millones y US$ 73,2 millones), y Perú (US$ 29 millones y US$ 60,5 millones de dólares, respectivamente).
Asimismo, los periodistas indican que Odebrecht firmó acuerdos de colaboración eficaz con las autoridades de Perú, Panamá y Ecuador, pero que las fiscalías de Argentina, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, se negaron a suscribir convenios de colaboración.
Caso a caso
En Argentina, –según informa La Nación- se encuentran avanzadas dos de las investigaciones, con decenas de exfuncionarios, empresarios e intermediarios con procesamientos confirmados por su presunta participación en los sobornos vinculados a dos proyectos: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas y la extensión de las redes troncales de gasoductos. Ambas pesquisas llegaron ya a tribunales orales que deben iniciar los juicios, a diferencia de la pesquisa sobre el soterramiento del tren Sarmiento. Todavía está en manos del juez federal Marcelo Martínez.
En México, el exdirector de la petrolera Pemex, Emilio Loyoza, es el único exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto en prisión preventiva, acusado de cohecho, lavado y asociación ilícita.
Mientras Venezuela presenta el mayor índice de impunidad, ya que a pesar de que Odebrecht admitió coimas por US$ 98 millones, no se iniciaron investigaciones. Incluso, la constructora admitió que aportó fondos para las campañas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que sobornó a un exministro de Transporte y a una docena de políticos.
Por el contrario, Perú presenta las mayores condenas en el caso, incluyendo a los expresidentes Alejandro Toledo –prófugo desde 2017–, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García –quien se suicidó en 2019 cuando iban a arrestarlo–, además en contra de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. El equipo especial de fiscales peruanos tiene, además, 93 investigaciones en curso contra 1.131 personas y 88 empresas. De ese total, 102 personas se acogieron al régimen del “arrepentido” y tres firmas suscribieron acuerdos de “delación corporativa”. Además, Perú recuperó US$ 56,6 millones a sus arcas fiscales.
Le sigue Panamá, entre los países con más consecuencias penales, con 18 acusados condenados, y 13 exfuncionarios deben afrontar un juicio oral, incluido el expresidente Ricardo Martinelli, quien tiene a dos de sus hijos condenados en Estados Unidos por conspirar para blanquear US$ 28 millones en sobornos. Panamá recuperó US$52,3 millones para el fisco.
Ecuador, no ha recuperado el dinero de los corruptos, mientras Colombia logró recuperar US$ 26,1 millones.
Sanciones
En México y Colombia se le prohibió a Odebrecht (hoy Novonor) competir por nuevos negocios con el Estado, también se le impusieron multas por US$ 89,1 millones y US$ 78,9 millones, respectivamente, aunque en el caso de México esas sanciones fueron impugnadas y no se abonaron.
En Argentina, Odebrecht figura como suspendida en el registro de contratistas del Estado, por lo que tampoco puede competir en proyectos públicos, pero a la compañía no se le aplicaron multas.
Panamá y Perú le aplicaron multas a Odebrecht por US$ 220 millones y US$ 240 millones, a pagar en un plazo de 12 y 15 años, respectivamente, sin embrago, la empresa puede competir por nuevos contratos con esos Estados.
Venezuela no aplicó ninguna multa o sanción, ya sea judicial o administrativa, contra Odebrecht, que se encuentra en proceso de cerrar sus oficinas en el país, donde sus obras quedaron paralizadas.
