«No se trata de construir políticas y sistemas de gestión en paralelo, sino de revisar, potenciar y utilizar las herramientas que son propias del negocio, para evitar la ocurrencia de delitos corporativos».
Entender el compliance y ocuparlo como herramienta preventiva ante la corrupción es crucial para cualquier empresa. En nuestro caso, Chile es reconocido por ser uno de los países menos corruptos de América Latina, si se le compara con sus pares. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, se ubicó segundo en la región y solo fue superado por Uruguay, mientras que a nivel general se posicionó en el lugar 24. Nada mal, entendiendo el difícil escenario que viven naciones como Brasil, Perú y Argentina, afectadas por escándalos de corrupción en los que hay investigaciones que ya cuentan con condenas de cárcel, como pasó con el ex Presidente de Brasil, Lula da Silva.
Siempre mirando al extranjero, impactados por los hechos, nuestra sociedad aún no pierde la capacidad de asombro, incluso, cuando hace unos cuatro años comenzaron a destaparse algunas de las malas prácticas que pusieron en aprietos a empresarios y políticos del país. ¡Cómo era posible que importantes y reputados ejecutivos chilenos estuvieran incurriendo en ilícitos! Como en Chile eran temas muy «ajenos», era necesario abrir los ojos, instalar el debate y darse cuenta que nuestro país no estaba exento de este flagelo. De hecho, el estudio Una mirada al alma de Chile, Diez años de la Encuesta Nacional Bicentenario, de la Universidad Católica en conjunto con GfK Adimark, reveló que un 80% de los chilenos considera que somos un país corrupto y un 7% afirma haber pagado una coima para hacer un trámite u obtener un servicio público.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -que aprobó el Congreso en 2009 para que nuestro país ingresara a la OCDE- cometer delitos como cohecho y lavado de activos implicaba un freno a las malas prácticas, entendiendo que quienes incurrieran en corrupción se estaban arriesgando sanciones que iban desde cuantiosas multas hasta la disolución de la firma. En este sentido, se fueron conociendo escándalos de corrupción como el caso La Polar, luego vino el financiamiento irregular de la política, donde el caso más interesante de comentar es el caso Corpesca, en el que el ahora desaforado senador Jaime Orpis fue formalizado por delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco y en el que la pesquera ligada al grupo Angelini se convirtió en la primera empresa formalizada por esta ley. Si bien la compañía había contratado un modelo no lo implementó ni siguió un programa de supervisión de delitos.
Prevención de delitos
Comenzaba el despertar de la conciencia en los directorios y grandes ejecutivos: efectivamente, la empresa de la que soy parte tiene probabilidades de caer en corrupción. Lo que no quiere decir que vaya a pasar, es solo una probabilidad. El desafío es estar preparados para enfrentarlo de una manera preventiva y no reactiva, como suele pasar.
Precisamente las empresas pueden optar a la implementación de modelos de prevención de delitos que buscan monitorear los procedimientos, de haber alguna irregularidad, los controles detectarán la falta y darán la alerta. Pero no se trata solo de certificarse, la firma debe contar con un área de compliance, articulada con el resto de las divisiones y, por supuesto, con el directorio. No estoy hablando de un área de cumplimiento aislada del resto. No se trata de construir políticas y sistemas de gestión en paralelo, sino de revisar, potenciar y utilizar las herramientas que son propias del negocio, para evitar la ocurrencia de delitos corporativos. Con el objetivo de lograr coherencia interna y de contar con incentivos alineados, facilitando que el consejo ejerza su indelegable deber de dirección y supervisión, con consideraciones de integridad corporativa incorporadas.
En este sentido, las certificaciones de modelos de prevención de delitos se convirtieron en la forma de analizar qué tan implementado estaba el combate activo a la corrupción en las empresas chilenas. El crecimiento ha sido más bien lineal; hasta marzo de este año, cerca de 165 grupos de empresas cuentan con un certificado vigente. Esto equivale a un poco más de 700 personas jurídicas, que representan alrededor de 30% de las empresas más grandes de Chile.
El compliance va más allá de cuántas empresas puedan obtener su certificación. El sector privado debe interpretar esta acreditación como un cambio de actitud, un cambio cultural corporativo, forjado a través del hábito, donde además de medir los resultados se midan los procesos.
Estamos recién comenzando, todavía circulan muchos mitos en cuanto a ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En lugar de tener una opinión preconcebida hay que ocuparse del tema para evitar lamentos que, por lo general, tienen que ver con pérdida de reputación y de las utilidades por las que se trabaja duro día a día.
Por Susana Sierra
Fuente: El Mercurio
