Desde la promulgación de la Ley de Delitos Económicos, las empresas han estado trabajando para cumplir con las nuevas exigencias, actualizando sus matrices de riesgo y adaptando sus programas de compliance para abordar los delitos propios de su industria. Esto se debe a que, si bien la responsabilidad penal de la persona jurídica existe en Chile desde 2009, las empresas ahora deben gestionar riesgos específicos además del catálogo común de delitos, lo que ha significado un mayor esfuerzo para aquellas que carecían de programas de compliance efectivos.
Lo que fue un pánico inicial, se ha convertido en una verdadera oportunidad para que las compañías revisen el estado del arte en materia de prevención y ordenen la casa. Esto ha llevado a conversaciones más profundas dentro de las empresas, así como a un mayor involucramiento de los directorios y altos ejecutivos con la operación, para evaluar dónde están los riesgos e identificar qué falta para responder a los nuevos requerimientos.
Aún existe inquietud en algunas empresas porque el 1 de septiembre entra en vigencia la ley, pero si tienen un programa de compliance robusto y evaluado periódicamente, pueden estar tranquilas, porque si bien nadie va a tocar la puerta ese día en particular para revisar su nivel de cumplimiento, sí será importante contar con la evidencia generada a través de estos.
No se trata de cumplir a contrarreloj con un checklist, sino de abordar las distintas brechas, porque el solo hecho de contar con programas de compliance no inhibirá la ocurrencia de delitos ni asegurará la inocencia de una compañía. Recordemos que las empresas no son solo edificios de ladrillos, sino que están compuestas por personas, todas susceptibles de tomar malas decisiones en ciertos escenarios, y que basta con que una cometa un delito para comprometer a toda la organización.
Así, la generación de evidencia de los programas de compliance será un verdadero seguro corporativo que permitirá a la empresa defenderse en un posible juicio, tanto legal como comunicacionalmente, al demostrar que han hecho todo lo posible por prevenir. Ojalá nunca necesiten usar esta evidencia, pero su disponibilidad es vital.
Las empresas deben velar por el cumplimiento del nuevo marco normativo y también por promover sus buenas prácticas, reconociendo su rol en una sociedad cansada y desconfiada ante el actuar deshonesto de unos pocos, y que tiende a generalizar y señalar injustamente a todo un sector que busca hacer las cosas bien.
Por eso la nueva ley es una oportunidad de revisar los cimientos, reconectar con la empresa más allá del negocio y de entender que cumplir no significa seguir una lista de exigencias, sino que es la base de una buena gobernanza.
Por Susana Sierra Directora ejecutiva de BH Compliance
Publicada en El Mercurio
