Breaking Bad, Ozark o Narcos son algunas de las series que podemos ver vía streaming y que nos sumergen en el mundo del narcotráfico y el lavado de dinero. Pero lejos de la ficción, sus tramas nos muestran una realidad que está más cerca de lo que creemos.
El lavado de activos, de dinero o blanqueamiento de capitales, es el delito que busca dar apariencia de legalidad al dinero o bienes generados por actividades ilícitas; una práctica que se ha extendido a medida que el narcotráfico y el crimen organizado se abren camino en el mundo, lo que ha traído diversos riesgos, pues el dinero sucio se ha introducido en la economía formal, se ha infiltrado en la cotidianeidad de la sociedad e incluso en las policías, como lo reveló hace unos días Ciper Chile.
Sin embargo, se suele identificar al lavado de activos solo con el narcotráfico y el crimen organizado y, esa falsa idea, hace que veamos este delito como improbable en nuestro entorno y que no nos ocupemos realmente de prevenirlo. De hecho, ilícitos como la malversación de fondos públicos, el mal uso de información privilegiada, cohecho o la receptación, también se asocian al blanqueo de dinero y, ante esto, todos estamos expuestos.
Por lo tanto, las posibilidades de que personas –tanto naturales como jurídicas- se vean involucradas en este ilícito sin saberlo, son cada vez mayores, y lo vemos en hechos como la compra/venta de una casa con dinero en efectivo; en la contratación de servicios a una empresa fantasma o de fachada; o en la opción de ser utilizados como testaferros.
En diciembre pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, el que analizó 110 casos que consolidan las 197 sentencias condenatorias dictadas entre 2007–2020, que refleja que la adquisición de bienes inmuebles es uno de los mecanismos preferidos de los blanqueadores para ocultar el origen ilícito del dinero, lo que consiguen vulnerando notarías, conservadores de bienes raíces, agentes inmobiliarios y bancos, utilizando preferentemente testaferros para inscribir inmuebles. De hecho, entre las tipologías de lavado de activos, el uso de testaferros abarca el 79,1% de los casos analizados, y la utilización de personas y estructuras jurídicas, el 53,6%.
Asimismo, el informe indica que entre las señales de alerta destacan las compras realizadas para terceros, que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes; operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente; transacciones de elevado monto sin declarar un empleo remunerado o actividad que justifique los montos involucrados; reiteradas operaciones a nombre de terceras personas; aparecer como dueño de nuevos negocios o activos en un corto lapso de tiempo; y la compra de bienes inmuebles o vehículos pagando con dinero en efectivo.
Esta realidad es una preocupación para diversos países. Estados Unidos dio a conocer parte de su estrategia anticorrupción, la que está orientada a endurecer la regulación de las transacciones inmobiliarias, especialmente en efectivo, y fortalecer la regulación en la creación y uso de empresas fantasma. Esto, irá de la mano con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que crea un registro de beneficiarios finales de empresas, para una mayor transparencia financiera y comercial, y así evitar delitos como el lavado de activos.
Pero las formas de lavar dinero son infinitas y, por estos días, supimos que los carteles mexicanos están apuntando al control de la lucrativa industria de las paltas y limones, amenazando y extorsionando a agricultores y empresarios a pagar cuotas de protección mensual. En este contexto, Estados Unidos suspendió la importación de palta mexicana tras la amenaza a un inspector de seguridad de plantas. Así, vemos cómo una industria completa se puede ver perjudicada ante la amenaza y la falta de control.
Todas las normas y acciones –locales y transnacionales- orientadas a evitar estos delitos son esenciales, como también es importante lo que haga cada uno en materia de prevención. Las empresas deben entender que los riesgos están a la vuelta de la esquina, y que realizar el due diligence es prioridad para conocer con quién están haciendo negocios, quién se está beneficiando con este o a quién están contratando. Se debe revisar la veracidad de la información proporcionada, las implicancias de funcionarios públicos o la participación de terceros en transacciones, así como evitar manejar grandes cifras en efectivo.
En época de crisis como la que vivimos, la corrupción permea con rapidez, porque muchos están disponibles para recibir dinero fácil, y si no aplicamos controles preventivos en base a los riesgos propios del negocio, las posibilidades de que la organización completa sea parte de un ilícito es mayor.
No podemos seguir viendo al lavado de activos como si solo ocurriera en series de Netflix, porque la posibilidad de ser protagonistas puede estar más cerca de lo que pensamos, y todos tenemos un rol en frenarlo.
Por: Susana Sierra
Fuente: La Tercera
