Las industrias más expuestas a cometer delitos económicos son el sector de construcción, financiero, seguros, minería, retail, industria y, en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.
Con pesar nos enteramos hace unas semanas que, de acuerdo a la Convención Anti Soborno de la OCDE, Chile está ubicado entre los países que presentan poca o nula aplicación de la Convención, es decir, que se han hecho pocos esfuerzos para combatir los sobornos de personas en el extranjero. Además, según el informe 22 de los 41 países que forman el grupo han fallado en investigar casos de corrupción en el extranjero durante los últimos cuatro años, no cumpliendo sus obligaciones de combatir el soborno internacional.
Con los resultados del organismo internacional a la vista, creo que es urgente mejorar los estándares de protección contra delitos económicos en las empresas chilenas, y para esto, es primordial tener conocimiento de los rubros de la industria más propensos a caer en delitos, al igual que las áreas más expuestas de las compañías.
¿La razón? La ley dice que en Chile las empresas son responsables penalmente por delitos que cometan sus empleados, por lo tanto tienen que hacer modelos para prevenir estos delitos y certificarlos.
Con todo, las industrias más expuestas a cometer delitos económicos son el sector de construcción, financiero, seguros, minería, retail, industria y, en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.
Aquí, la mayoría de los peligros están asociados al área de los pagos y salidas de dinero de la firma, ya que si no se tiene un control exhaustivo de rendición de gastos, por ejemplo, o el objeto con que salen las platas, es fácil caer en malas prácticas. De esa área se desprenden riesgos en el sector de Adquisiciones y Compras de la compañía, Donaciones, Emisión de boletas, Contratación, Recursos Humanos y Clientes, entre otros.
Todas las medidas que pueda implementar una firma tienen ver con que la empresa se proteja. Una primera medida que puede resultar bastante eficiente es implementar capacitaciones y tener un área de recursos humanos bien desarrollada. Que los empleados tengan conocimiento de los delitos e inculcar la responsabilidad de informar cuando ven malas prácticas. Un punto importante para implementar esto es incorporar el modelo de prevención en los contratos de trabajo, así se vincula al empleado y se le obliga a no cometer infracciones.
También es primordial tener una política de proveedores clara. Saber a qué proveedores elijo y un control eficiente de pagos. Otra recomendación para grandes compañías es tener una política de compensaciones robusta, para evitar el riesgo de que el dinero esté financiando ilegalidades, como el terrorismo, a través de la desinformación sobre qué hacen las comunidades a las que se ayuda: tener autorizaciones, montos máximos de compensación, due dilligence de quién es el beneficiario, etc.
Con la implementación de algunas de estas medidas, las compañías podrían evitar ser juzgadas bajo la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que establece sanciones como la prohibición de celebrar contratos con el Estado, la disolución de la personalidad jurídica de la firma, pérdida de los beneficios fiscales, multas cercanas a las 20.000 UTM, publicación del delito en medios nacionales, entre otros.
Con todo, y pese a la existencia de la ley, los desafíos de las compañías van mucho más allá: la verdadera meta es lograr compañías que tengan internalizadas prácticas correctas, y empleados conscientes que se sientan identificados con una misma línea ética.
Susana Sierra, socia de BH Compliance y Co-Directora del Diplomado Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC.
Fuente: El Libero
