Estamos a semanas de que el Presidente electo asuma y que sus cuatro años de gobierno dejen una huella importante en materia de probidad. Sebastián Piñera propuso en campaña tres medidas sobre transparencia para el Parlamento: fortalecer el control ético y de gestión presupuestaria creando una contraloría general del Congreso que ejerza su rol con autonomía; establecer una instancia permanente, de carácter colegiada e independiente, encargada de la dirección general y superior del Congreso, responsable de su gestión administrativa y económica; y finalmente, incorporar la obligación anual de los parlamentarios de rendir cuentas públicas en sus distritos y circunscripciones.
La ciudadanía fue testigo de que algunos parlamentarios hicieron gastos con platas de la corporación y que bajo un modelo de «compliance» seguramente no se habrían generado esos egresos. Recordemos la polémica
por la denuncia de que el senador Guillier pagó informes copiados de internet con recursos de todos.
Los desafíos del nuevo gobierno son mayores en cuanto crear una cultura de «compliance» gubernamental. No sólo el sector privado debe ser un actor en materia de transparencia; con mayor fuerza debe hacerlo el sector público, en particular porque se financia con dineros de todos los chilenos.
La recomendación a nivel general tiene que ver con medidas más concretas y de fácil entendimiento: verificar que las leyes imperantes se cumplen y no sumar otras si es que hay problemas para cumplir las actuales; y revisar todo aquello que tenga que ver con las penas aplicables en un delito. Parece no tener sentido que frente a infracciones a la ley del consumidor los ejecutivos tengan como castigo asistir a clases de ética en vez de responder con su patrimonio o con cárcel cuando cometen una infracción.
Estamos en la OCDE; debemos encaminarnos hacia esos estándares y para eso se necesita que nuestras autoridades sean referentes de probidad y transparencia. Ellos deben dar el ejemplo. Que el Presidente Piñera aproveche su experiencia en el sector público y privado para lanzar una batería de medidas contundente que frene la corrupción y las malas prácticas.
