Abordar los delitos corporativos es una prioridad para el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, ya que no solo afecta a las víctimas directas, sino que pone en riesgo puestos de trabajo, ahorros, nuestra seguridad económica, de los mercados financieros e incluso la seguridad nacional.
Por eso, en la reciente conferencia anual de delitos corporativos del Colegio de Abogados de Estados Unidos, la Fiscal General Adjunta del DOJ, Lisa Monaco, hizo un estado del arte de los recientes cambios en la política del Departamento de Justicia para perseguir la corrupción empresarial, los que marcan un precedente histórico para todo el mundo.
Si bien se trata de políticas que se están aplicando a empresas norteamericanas, no olvidemos que las acciones corporativas de las empresas en cualquier país con un mínimo vínculo con Estados Unidos, podrían ser juzgadas a través de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y dada la globalización, las posibilidades aumentan.
Estas políticas están orientadas a que las empresas hagan lo correcto, invirtiendo en programas de compliance sólidos, con un gobierno corporativo eficaz, además de facultar a los fiscales para exigir responsabilidades a quienes no cumplan la ley. Así, buscan prevenir la mala conducta antes de que ocurra, castigar las responsabilidades individuales, y disuadir y sancionar la reincidencia.
Con este nuevo enfoque del DOJ realza el valor de los programas de compliance, exigiendo que no solo existan, sino de que las políticas y procedimientos anticorrupción se apliquen, monitoreen y cumplan.
En primer lugar, se dará especial incentivo a las empresas que se autodenuncien y cooperen con la investigación, lo que será visto como un indicador de que cuentan con un programa de compliance funcional, y una cultura corporativa saludable, y no solo se han conformado con tener uno por cumplir. De hecho, la rapidez de la denuncia voluntaria también tendrá relevancia.
Por otro lado, se exigirá a las empresas que vinculen sus programas de compliance con las compensaciones y políticas de bonificación de desempeño a sus empleados, lo que evidencia la importancia de ofrecer incentivos ante buenos resultados, pero también, de monitorearlos y medirlos. Por ejemplo, si un ejecutivo logra los objetivos comerciales exigidos, pero se saltó un paso del proceso, no debiera recibir el bono de incentivo, ya que este depende de su gestión en el cumplimiento de las políticas de la empresa y no solo del logro de buenos resultados comerciales. Recordemos que una premisa del compliance es que no importa solo alcanzar las metas, sino cómo se logran.
Uno de los temas más novedosos anunciados por Lisa Monaco, es el aumento de recursos para responder a la creciente intersección de delitos corporativos y amenazas a la seguridad nacional, agregando más de 25 nuevos fiscales para investigar y enjuiciar estas violaciones. Esto, porque las empresas están en la primera línea de los retos geopolíticos hoy en día, y, cada vez más, las investigaciones de delitos empresariales tienen profundas implicaciones para la seguridad nacional.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de la empresa de construcción LaFarge S.A, involucrada en una trama donde sus ejecutivos pagaron millones a grupos terroristas como ISIS, a cambio de permisos para operar una planta de cemento en Siria. LaFarge fue condenada a pagar sanciones por más de US$ 750 millones.
Esto no está lejos de las empresas nacionales, especialmente ante la escalada del narcotráfico y su penetración en el mundo corporativo para blanquear capitales o cometer delitos cibernéticos. Tampoco está lejos, si tenemos en cuenta el contexto de la guerra Rusia – Ucrania, y la búsqueda de ambos países por socios en todos los continentes para salir adelante.
A la vez, esta política refuerza el hecho de que los ojos del DOJ están puestos en todo el mundo y, por eso, es un tema que debe preocupar a todas las empresas a nivel global.
No hay duda que estas políticas están a la vanguardia en la persecución de delitos corporativos, porque enfatizan la idea de que ninguna empresa está por encima de la ley, pero a la vez, le dan un gran poder a las compañías, al cederles la responsabilidad de prevenir, monitorear, pesquisar y denunciar la corrupción. Con esto, tienen la gran oportunidad de ser las primeras en deslindarse de las faltas a la probidad y la ética cometidas por uno o algunos de sus empleados, y demostrar que están comprometidas con la lucha anticorrupción, además de estar dispuestas a admitir y corregir aquellas brechas que permitieron las malas prácticas.
Por Susana Sierra
Publicada en La Tercera
