Corría el año 2015 y las portadas de los diarios daban cuenta de los casos de financiamiento irregular de la política, los que involucraban delitos tributarios y leyes hechas a la medida de ciertas empresas. Estos casos remecieron a la opinión pública, lo que empujó a que en 2016 se modificara la Ley Electoral, estableciendo obligaciones y límites al financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, lo que fomentó la transparencia y un mayor control del gasto.
Sin embargo, a seis años de estos escándalos, vemos cómo las malas prácticas siguen vivas, y que siempre existen resquicios para burlar la ley o aprovechar sus vacíos.
En agosto saltaba la primera alerta cuando la Lista del Pueblo detectó millonarias boletas y facturas emitidas por familiares de candidatos, en la rendición de gastos de campaña para la Convención Constitucional. Todas habrían estado dentro del marco de la legalidad, siendo incluso aprobadas por el Servicio Electoral (Servel). Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, no todo lo legal es ético.
Tan solo unas semanas después, se rechazó la candidatura presidencial de Diego Ancalao, tras detectarse más de 23 mil firmas validadas por un notario fallecido. Y mientras se investigan eventuales delitos electorales y de falsificación de instrumento público, este caso nos mostró una nueva forma de defraudar al sistema, aunque esta vez no se concretó gracias a la verificación oportuna del Servel.
Y recientemente, gracias al trabajo de Ciper Chile, conocimos el caso de Karina Oliva y las presuntas irregularidades en su rendición de gastos de campaña a la Gobernación Metropolitana, entre ellas, pagos millonarios a siete asesores, incluyendo a su expareja.
Las excusas de Oliva terminaron de hundirla al justificar que el reembolso del Servel se usó para costear una campaña de ochos meses, cuando el plazo legal establece solo 90 días. Esto generó dudas sobre si se abultaron gastos en virtud de la cantidad de votos recibidos, los que habrían sobrepasado las expectativas de su comando. Por lo mismo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra y el Servel presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que determine si hubo delitos electorales.
Al menos su conglomerado político dio una buena señal al quitarle el apoyo a su candidatura al Senado como condena categórica a las malas prácticas, alejándose de las defensas corporativas a las que estamos acostumbrados. Por su parte, fue la ciudadanía cansada la que se manifestó en las urnas, dejando a Oliva fuera del Congreso.
Pero siguen rondando dudas que afectan la confianza ciudadana. ¿Habrá casos similares que no fueron detectados? ¿Habrá más recursos públicos mal usados? Estas preguntas requieren respuestas, porque, si bien agradecemos el rol del periodismo investigativo para la transparencia y el derecho a la información, nos hace cuestionar si existen exhaustivas fiscalizaciones por parte del Servel. Y con esto no quiero poner en duda la labor de este organismo que ha destacado por llevar adelante sendos procesos democráticos, pero sí el preguntarnos si requieren de mayor capacidad técnica o recursos para fortalecer su labor fiscalizadora. Esto es esencial para cuidar nuestras instituciones, pero también para proteger la fe pública.
Por otro lado, existen flancos en la Ley Electoral que deben ser atendidos. Uno de ellos radica en el hecho de que los gastos electorales se puedan rendir hasta cinco días después de la elección, es decir, cuando el candidato ya conoce los resultados y, por lo tanto, puede estimar el valor que recibirá por voto, lo que puede generar incentivos perversos. A la vez, se hace necesario que se establezcan valores promedio mercado, de manera que no se abulten precios y haya mayor control de proveedores.
En ese contexto, la candidatura de Franco Parisi viene a sumar incertidumbre, pues de manera inédita el excandidato presidencial hizo campaña desde el extranjero, no pisó el país ni un solo día y, además, tuvo una alta e inesperada votación. La gran pregunta es sobre el dinero que recibirá por gastos a rendir y si en el futuro se permitirá que algo así vuelva a ocurrir, considerando que las condiciones de alguien que hace campaña por Zoom son infinitamente distintas a las de alguien que lo hace en terreno y se somete a presiones como entrevistas y debates en vivo.
No puedo dejar de mencionar la responsabilidad de los partidos políticos de revisar los antecedentes de sus candidatos y ser los primeros en dar señales de probidad. En esta última elección vimos cómo el exalcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, tuvo la opción de llegar al Senado a pesar de tener una condena por fraude al fisco –lo que al menos no consiguió–, o cómo el diputado Jaime Mulet logró la reelección sin importar la formalización por cohecho que deberá enfrentar.
La corrupción y la impunidad han generado una crisis de confianza que debemos revertir. Y así como urge mayor fiscalización del gasto público, urge también mayor prevención, para que no caigan en la tentación incluso aquellos que enarbolan la bandera de la probidad y prometen una forma distinta de hacer las cosas.
Por Susana Sierra
Fuente: El Mostrador
