“Hay que subir los precios (…) sin compasión, sin piedad”, se escuchó decir a un alto ejecutivo en uno de los audios interceptados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante la investigación de una “posible” nueva colusión.
Esta vez, la concertación tuvo lugar en el mercado de los gases industriales y medicinales, cuando Indura y Linde acordaron mantener los clientes que cada empresa atendía, eliminando así la competencia entre ellas, absteniéndose de participar en licitaciones donde estuviera la otra u ofertando precios más altos para no adjudicárselos.
Este “acuerdo de caballeros”, pacto de “no agresión” o estado de “paz y amor”, como lo denominaron los propios ejecutivos de Indura y Linde en sus comunicaciones interceptadas, afectó a diversos sectores industriales, siendo el hospitalario uno de los más impactados, pues los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, es decir, en plena pandemia de COVID-19. Ello resulta aún más condenable desde el punto de vista ético, pues se vivía un periodo de alto estrés y dolor, donde la solidaridad y la colaboración resultaban literalmente vitales para enfrentar una crisis de salud global.
Según la FNE, este pacto estableció una “estricta política de aumentos de precios, alineada con el objetivo de aumentar la rentabilidad que le había sido encomendada” a los ejecutivos de cada empresa, lo que demuestra que cuando los incentivos están mal puestos, saltarse las políticas y controles establecidos no es tema mientras se obtengan los resultados esperados.
A pesar de los diversos casos de corrupción que hemos conocido y, específicamente de colusión, parece increíble que no se aprenda la lección. Ya desfilaron por tribunales empresas que acordaron los precios del confort, pollos, helicópteros o transporte de valores, por nombrar algunos. Sin embargo, esto no ha significado un ejemplo suficiente para quienes prefieren llegar a la meta sin importar cómo.
Si bien, hasta ahora, se apunta a personas con nombre y apellido –los gerentes generales de Indura y Linde, Marcelo Torres y Sergio Novelli, respectivamente, y el ejecutivo de Linde, David Lori–, el cuestionamiento a la reputación de las empresas involucradas queda de manifiesto. Ahora veremos si este fue un caso de personas o empresas y, para eso, ambas compañías deberán demostrar que contaban con los controles adecuados para prevenir que este tipo de delitos ocurrieran y que fueron estos ejecutivos los que se desviaron del camino. Por lo mismo, tendrán que presentar la evidencia de que sus programas de compliance de libre competencia estaban bien implementados.
Casos como estos terminan enlodando más allá de sus protagonistas. Por ejemplo, el sector privado en general es apuntado, a pesar de no tener relación con las malas prácticas de unos pocos y lo mismo ocurre con los trabajadores de las compañías cuestionadas. Así se esparcen los tentáculos de la corrupción, pagando justos por pecadores. Por eso es tan importante que las personas, a la hora de buscar trabajo, se preocupen de que las compañías tengan programas de compliance.
Como se ha dicho repetidamente en este último tiempo, especialmente con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos, el rol de las empresas es fundamental para prevenir delitos corporativos y determinar las responsabilidades penales. En este caso, como ya es costumbre, nuevamente conocemos los hechos gracias a una denuncia que permitió a la FNE rastrear la colusión, derivando en la petición de delación compensada de Linde.
Ante la variedad de casos que hemos conocido este último tiempo, queda la sensación de que corromper las instituciones es fácil y sencillo y, en efecto, puede serlo si no se ejercen los controles adecuados. No podemos olvidar que las empresas están formadas por personas, todas susceptibles de caer en la tentación de tomar el camino fácil y por eso es tan importante contar con programas de compliance efectivos que les permitan prevenir la corrupción y detectarla en caso de que ocurra, con fuertes controles cruzados y el monitoreo continuo de terceros independientes. Esto permitirá a las compañías defenderse y apuntar a las responsabilidades individuales.
Hoy es más importante que nunca reconstruir la confianza, en un contexto de grandes cuestionamientos a las instituciones públicas y privadas. No es posible que los corruptos sigan empañando los pocos avances que se realizan en ese sentido, escudados en la memoria de corto plazo de una sociedad desmoralizada, que siente que impera la impunidad por culpa de quienes han protagonizado hechos de altísimo cuestionamiento ético.
Como en este caso, donde había que subir los precios “sin compasión y sin piedad” en medio de una pandemia.
Por Susana Sierra
Publicada en El Mostrador
