CASO PENTA – 2013
¿Qué pasó?
En octubre de 2013, tras una denuncia anónima, se investigó el fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), el que era liderado por el ex fiscalizador del SII, Iván Álvarez, quien rectificaba las declaraciones de contribuyentes a cambio de una comisión. Para esto, Álvarez reclutó gente de su confianza, entre ellos al martillero público, Jorge Valdivia, quien derivó la investigación hasta el ex gerente general del holding Penta, Hugo Bravo, quien era uno de estos contribuyentes.
En julio de 2014, el SII presentó una denuncia criminal en contra de Bravo, para ser investigado como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
Luego, en el computador de Bravo, se descubrieron boletas de honorarios falsas emitidas por las cónyuges de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que permitían adulterar la contabilidad y evadir impuestos. En su declaración en Fiscalía, Bravo reconoció su participación en el caso FUT, pero además relató el financiamiento ilegal a políticos, develando una larga lista de políticos, sus asesores y familiares.
De esta manera, la Fiscalía Metropolitana Oriente comenzó a indagar el uso de boletas falsas contra el grupo Penta, mientras la empresa alegaba inocencia y culpaba a Bravo. Asimismo, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora, y la PDI y el Ministerio Público allanaron domicilios y oficinas de políticos involucrados y estos comenzaron a declarar.
En diciembre de 2014, se conoció un audio de una conversación entre Bravo y Carlos Lavín en el que se devela cómo se habrían realizado aportes irregulares a políticos. Y en enero de 2015, se conocieron una serie de correos electrónicos entre Délano, Lavín y diferentes políticos. Además, se conoce que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, recibió diversos montos a nombre de su cuñada (siendo subsecretario).
Por su parte, Golborne declaró haber emitido facturas de su empresa Vox Comunicaciones a Penta por servicios no prestados; y Manuel Antonio Tocornal (ex gerente general de Penta) declaró que los “servicios profesionales prestados” por Andrés Velasco, se reducían a un almuerzo con los controladores del Grupo Penta.
En junio, Délano, Lavín, Wagner, Bravo, Tocornal y Castro fueron reformalizados por perjuicio fiscal por más de $2000 millones mediante contratos forward (nueva arista del caso).
La investigación pasó a ser dirigida por el fiscal Regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, tras el cese en el cargo de fiscal nacional Sabas Chahuán.
Condenas
Jovino Novoa, quien se acogió a un procedimiento abreviado.
Hugo Bravo y Jorge Valdivia murieron en medio de la investigación.
Iván Álvarez, recibió la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
El SII decidió cerrar sin querellas las investigaciones por los delitos tributarios relacionados con el fraude al FUT y la obtención indebida de devoluciones de impuestos.
Y justamente porque no existía una querella del SII en su contra, la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero contra el diputado Felipe de Mussy. El caso del senador Moreira fue diferente, ya que en la Corte sí se aprobó su desafuero, lo cual fue ratificado por la Suprema. Sin embargo, en enero de 2018, tras el pago de $35 millones, el fiscal Guerra otorgó una salida alternativa, revocando el desafuero. Esta decisión provocó la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
En agosto de 2017, el ex diputado Alberto Cardemil acordó con la Fiscalía el pago de $10 millones a cambio de la suspensión del proceso por delitos tributarios en el caso Penta.
En 2018, en procedimiento abreviado, Délano y Lavín fueron condenados por su participación en delitos tributarios, (quedaron libres de cargos de soborno), a 4 años de libertad vigilada, el pago de $1.700 millones y el cumplimiento de un programa formativo sobre ética en dirección de empresas.
El exsubsecretario de Mineria, Pablo Wagner, fue condenado a remisión condicional de la pena por 2 años e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 4 años, al pago de $42 millones, el 50% de los tributos eludidos y una multa de 40 UTA. Cabe destacar que, en enero de 2019, la Corte de Apelaciones rebajó algunos de los cargos en contra de Wagner.
En mayo de 2019, las esposas de los dueños de Penta accedieron a una salida alternativa para evitar ir a juicio oral. Y en julio, se suspendió el procedimiento contra Zalaquett, quien fue formalizado por delitos tributarios por facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas. En noviembre de ese año, Golborne accedió a una salida alternativa: suspensión condicional del procedimiento, pagando $11.400 millones.
Si bien hay procedimientos que siguen pendientes, las condenas para los dueños de Penta y Wagner -en la práctica- marcan el fin de este caso.
