¿Qué pasó?
En el marco de la investigación del caso Penta, el SII interpuso una querella criminal por delito tributario contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por una boleta entregada a SQM en julio de 2009 por $7.500 millones.
Así comienza una investigación en contra de la empresa SQM y a la boleta emitida por la cuñada de Wagner, por el presunto aporte irregular de esta a la campaña senatorial de Joaquín Lavín, lo que fue confirmado después por su secretaria personal.
Esto abrió la puerta para que la fiscalía detectara a centenares de personas que declararon haber emitido boletas ideológicamente falsas a la empresa y que el dinero iba a parar a campañas políticas de manera transversal. Algunos de los nombres fueron los del senador Fulvio Rossi (a través de una ex asesora); diputado Roberto León y el ex embajador, Marcelo Rozas (ambos a través de sus hijos); senador Jorge Pizarro (por medio de la empresa Ventus Consulting S.A., perteneciente a sus hijos), Pablo Zalaquett, para financiar su campaña al senado (por Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga EIRL); senador Jaime Orpis (por medio de una asesora); entre otros.
En febrero de 2015, la Fiscalía designó a Andrés Montes para investigar esta arista por separado del caso Penta, pero finalmente lo asumió el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, tras la polémica que generó el nombramiento del hijo del senador Carlos Montes.
El directorio de SQM creó un comité ad-hoc para investigar la situación.
Al mismo tiempo, la Fiscalía, que buscaba ampliar la investigación, llegó hasta las oficinas de SQM y solicitó información voluntaria de los últimos 6 años sobre la contabilidad de la empresa, pero el abogado Samuel Donoso, representante del gerente general de la minera, Patricio Contesse, presentó un recurso por considerar que el Ministerio Público estaba actuando sin atribuciones, el que después fue rechazado por el Juzgado de Garantía. Este hecho dividió al directorio, lo que provocó la renuncia de un miembro del comité, y más tarde varias renuncias a la mesa directiva. Luego de estos hechos, Patricio Contesse fue desvinculado de SQM.
El SII presentó una querella criminal contra los representantes legales de SQM y otros contribuyentes. En ese entonces, según confirmó el nuevo gerente general de la minera, Patricio de Solminihac, los aportes irregulares de la empresa podrían haber alcanzado los US$11 millones.
Se abrió un nuevo flanco por eventuales vulneraciones a la Ley del Mercado de Valores por la entrega de información maliciosamente falsa al mercado. Así, la Superintendencia de Valores y Seguros presentó cargos en contra de todo el directorio de SQM.
En la investigación aparecen nuevos nombres y empresas, uno de ellos fue el de Sebastián Piñera, luego de conocerse que Administradora Bancorp emitió boletas a SQM entre 2009 y 2010 por un total de $340 millones. También aparece el nombre de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), quien descartó financiamiento ilegal. Sin embargo, se conocieron correos electrónicos de su entonces asesor, Cristián Warner, a la secretaria de Contesse, en el que señala que “ME-O lo visitará terminada la gira presidencial para agradecerle en persona”, y otro en el que pregunta: «¿Cuánto era el monto del aporte comprometido por don Patricio?».
A través de una rectificación enviada al SII, SQM reconoció que las sociedades Ventus Consulting S.A (de propiedad de los hijos del senador Pizarro) y Administradora Bancorp S.A. emitieron boletas por servicios no prestados.
Conforme avanzan las indagatorias, surge una nueva polémica cuando se conoció que Michel Jorratt, Director del SII, emitió boletas por asesorías tributarias por cerca de $1 millón a la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli (recaudador de fondos de campañas políticas), quien estaba siendo investigado. Por esto, el gobierno pide la renuncia a Jorrat. Este hecho salpica al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien habría emitido cuatro boletas a la empresa de Martelli, quien se defendió revelando el contenido de tres informes que elaboró en el primer semestre de 2012 para Asesorías y Negocios SpA. Esta declaración la prestó en calidad de imputado.
También declararon como imputados el ex subsecretario Rodolfo Baier, por la emisión de una boleta por $6 millones a SQM en 2012; y el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, luego de que Jorratt lo indicara como la persona que ordenó la investigación en contra de la empresa de Martelli. Además, fue llamado a declarar el embajador chileno en Paraguay, Alejandro Bahamondes, quién debió viajar al país para explicar dos facturas emitidas a SQM en 2012 por un monto de $22 millones. Luego de prestar declaración, renunció al cargo de embajador.
En su declaración, el operador político Giorgio Martelli apuntó al rol de Peñailillo, y el entonces presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, en la creación de la firma recaudadora para la campaña de Bachelet. Ante esto, Rosenblut debió declarar en calidad de imputado.
En diciembre de 2015, asume oficialmente la causa el ex fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
En enero de 2016, revelan un correo entre Contesse y Pablo Longueira que data de 2010 relativo al proyecto de ley de royalty minero, por lo que la Fiscalía sospecha si el ex ejecutivo influyó en la elaboración del proyecto e indaga el delito de cohecho. En junio de ese año, Longueira es formalizado por delitos tributarios y cohecho, quedando con arresto nocturno y arraigo nacional. Posteriormente se cambian las medidas cautelares decretadas por la de firma quincenal.
Posteriormente, ME-O es formalizado por facilitación de 36 facturas falsas de la empresa, quedando con firma quincenal y arraigo nacional.
Condenas y absoluciones
Tras más de 11 años de investigación, el caso SQM llegó a juicio oral en febrero de 2023. El proceso se extendió por 560 jornadas y concluyó en octubre de 2025 con la absolución de los ocho acusados que llegaron a esta instancia. Entre ellos se encontraban el exsenador y exministro Pablo Longueira; el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O); el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, el exasesor de ME-O, Cristián Warner, la exasesora de Longueira Carmen Valdivieso, la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres, el exdiputado Roberto León y Marcelo Rozas. La sentencia definitiva fue notificada en agosto de 2026.
El fallo, de 4.356 páginas, fue dictado por mayoría por las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos, mientras que la jueza Carolina Paredes emitió un voto disidente en el que se mostró partidaria de condenar a los acusados. El voto de mayoría cuestionó la acusación de la Fiscalía y de los querellantes, señalando deficiencias, omisiones e incongruencias que, a juicio del tribunal, impedían corregir los hechos imputados sin afectar el principio de imparcialidad.
Durante la investigación se obtuvieron condenas a 10 personas, principalmente mediante procedimientos abreviados, por delitos tributarios vinculados con la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas. Entre ellas se encuentra la contadora Clara Bensan, condenada por su participación en mecanismos de financiamiento de campañas políticas.
Asimismo, más de un centenar de imputados accedieron a salidas alternativas durante la investigación. De acuerdo con los antecedentes recopilados de la causa, fueron 132 personas las que cerraron sus procesos mediante este tipo de mecanismos, entre ellas Pablo Zalaquett, Cristián Leay y familiares de los exsenadores Jaime Orpis y Jorge Pizarro, además de personas vinculadas a otros dirigentes políticos. Estas salidas alternativas no implicaron un reconocimiento de culpabilidad penal.
Uno de los principales hitos fue el acuerdo alcanzado en 2018 respecto de la responsabilidad penal de SQM como persona jurídica. La empresa obtuvo una suspensión condicional del procedimiento por el delito de cohecho y realizó un pago de $2.550 millones, destinados al Fisco y a donaciones a instituciones de beneficencia. El procedimiento terminó posteriormente con sobreseimiento definitivo.
En paralelo, las rectificaciones tributarias y otras sanciones derivadas de la investigación generaron recursos para el Estado. De acuerdo con los antecedentes publicados sobre la causa, el Fisco recaudó más de $4.600 millones considerando las distintas multas, pagos y rectificaciones asociados al caso.
La situación actual
Aunque el juicio oral terminó con la absolución de los ocho acusados, el caso aún no está completamente cerrado. En septiembre de 2026, la Fiscalía Regional de Valparaíso presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto el juicio y la sentencia respecto de siete de los ocho acusados. El CDE y el SII también recurrieron, por lo que ahora corresponde a la Corte determinar si existen fundamentos para anular el juicio y eventualmente ordenar la realización de uno nuevo. La absolución de Marisol Cavieres no fue impugnada por la Fiscalía, al haber sido absuelta de manera unánime.
En Estados Unidos, SQM también enfrentó consecuencias por infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). En 2017, el Departamento de Justicia y la SEC anunciaron sanciones contra la compañía, que finalmente pagó más de US$30 millones por infracciones a las disposiciones contables de esa normativa.
