Este jueves 14 de octubre tuvimos la oportunidad de conocer con mayor detalle el proyecto de ley sobre Delitos Económicos que se tramita en el Congreso, a través de un webinar organizado por AmCham Chile y BH Compliance.
Como es de conocimiento, este proyecto ha generado diversas controversias y, por lo mismo, se hace necesario explicar sus alcances. En esta ocasión, el abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, Juan Ignacio Piña, explicó a los asistentes en qué consiste esta normativa y cuáles son sus implicancias.
En ese sentido, si bien se trata de una iniciativa que tiene como fin sistematizar los delitos económicos y contra el medio ambiente, así como modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todo ellos, existen ciertos puntos que pueden resultar contrarios al espíritu de la ley, como el hecho de eliminar la referencia de deberes de dirección y supervisión, lo que debilitaría los programas de Compliance.
Luego de su intervención, la directora de empresas, Manola Sánchez, y la Directora Ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra, participaron de un conversatorio respecto a la bajada de la ley en las empresas.
Manola Sánchez, hizo énfasis en la necesidad de que exista una gradualidad en la aplicación de la ley, ya que al ser tan amplia, puede significar un problema en la práctica. De esta forma invitó a realizar una marcha blanca, pensando en la realidad de las empresas de nuestro país. “No olvidemos que una buena intención puede transformarse en algo no deseado”.
Por su parte, Susana Sierra, recalcó esta ley afecta directamente a Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ante lo cual falta un real entendimiento por parte de los congresistas sobre el espíritu de prevención de la ley. “Estamos modificando una ley e incorporando delitos, pensando que esta opera en su plenitud y no es así”, dijo. Y recalcó que aún falta que estos programas de compliance se extiendan en más empresas, así como la importancia de que quienes cuentan con uno, lo lleven a la práctica y no quede en el papel. “El problema es que somos país muy legalista y tal vez con esta ley tengamos muchas empresas haciendo modelos para prevención de delitos, donde algunos de esos delitos ni siquiera les apliquen y vamos teniendo todos muy ordenado en el papel, pero después cómo esto se implementa”, enfatizó.
