Llevamos más de un mes viviendo en medio de una pandemia que nos ha hecho volver a revisar nuestras prioridades y determinar los nuevos pasos a seguir. Las empresas han debido evaluar la forma de continuar operando y subsistir a una de las mayores crisis económicas y sanitarias a nivel mundial. Y es en este punto donde me quiero detener, ya que es en las grandes emergencias cuando se puede perder el control, cediendo el terreno ganado y caer en riesgos innecesarios.

Las crisis generan un entorno de incertidumbre, de necesidad de cambio de planes y de toma de decisiones bajo presión, creando un ambiente propicio para incurrir en comportamientos que desembocan en mayores riesgos penales como soborno entre privados, cohecho, administración desleal, entre otros. Esto, porque las organizaciones buscan reducir costos, prescindir de trabajadores -muchas veces componente clave de control interno- y saltarse procesos para realizar operaciones, que si bien pueden ser lícitas, no siempre están visadas internamente. Así muchas veces se utiliza la emergencia como justificativo para no cumplir con los propios controles impuestos por la compañía.

Entonces, mientras el mundo sigue su curso y, a pesar de que algunas empresas estén “congeladas”, los riesgos se hacen más patentes. Por lo mismo, las áreas de compliance se vuelven esenciales, tanto para resguardar lo que se ha hecho como para prevenir posibles delitos, sobre todo de carácter económico, que en época de crisis son más frecuentes de lo que pesamos debido a la misma flexibilización de procedimientos y al apuro de contar con soluciones en el corto plazo.

Cabe destacar, que el compliance vela por el actuar de las empresas acorde a las normas establecidas y cómo estas llegan a sus resultados, lo que a su vez involucra procesos a cargo de las distintas áreas de las compañías que deben resguardar el cumplimiento de sus propias políticas. El problema surge cuando en momentos de urgencia se genera una especie de autojustificación para saltarse estos procedimientos que pueden ser vistos como burocracias, pero ojo, no lo son. Lo que están haciendo es proteger a la empresa de caer en la comisión de delitos que pueden traer efectos no solo reputacionales, sino consencuencias legales para el directorio y la misma empresa.

Por esto, las compañías deben estar abiertas a flexibilizar procesos en las crisis, pero si lo hacen deben quedar bien documentados y justificados, ya que en un futuro, ante la irrupción de una posible irregularidad, no servirá de nada la excusa “estábamos en una pandemia”.

Incluso, se debe recordar que, por ejemplo, en el caso del delito de administración desleal (cuando alguien a cargo de un patrimonio ajeno comete una acción u omisión contraria al interés del titular en su propio beneficio) la responsabilidad punitiva también recae sobre quienes no estuvieron directamente involucrados, pero que sí tenían el deber de conocer los hechos y salvaguardar el patrimonio. Esto puede parecer lejano, pero en este momento, grupos empresariales pueden estar desviando fondos de una sociedad a otra para que la más débil no quiebre. Si ambas sociedades tienen los mismos dueños, no hay problema, pero si hay accionistas minoritarios distintos se podría configurar el delito de administración desleal. Por lo que si se va a prestar dinero entre compañías es fundamental que sea en las condiciones adecuadas, y que esto no perjudique a la “prestante”.

Además, en estos tiempos, ciertas empresas estratégicas necesitarán una mayor interacción con funcionarios públicos, por lo que es importante dejar registro y asegurar que ningún fondo de la compañía vaya a parar a otras manos, por muy desesperada que esté la empresa por reanudar sus funciones o conseguir un permiso.

Y así, podemos encontrar muchos ejemplos de nuevos riesgos en época de crisis.

Por esto, los invito a considerar al área de compliance más que nunca como un socio estratégico dentro de la empresa, que acompañará al negocio en las nuevas decisiones y directrices, guiando al cumplimiento de las normas y aplicando las políticas corporativas previamente diseñadas. Es fundamental que las empresas velen por un procedimiento adecuado, que cuente con el conocimiento y aprobación del directorio y donde se especifique el porqué de las decisiones adoptadas, así como si estas se tomaron con el tiempo suficiente para evaluar sus pros y sus contras, y alejadas de todo tipo de conflicto de interés.

Recordemos que el cómo se llega a los resultados es tanto o más importante que el resultado mismo.

Por Susana Sierra

Fuente: La Tercera

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